El Poder Ejecutivo presentó hoy ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la ley aprobada por el Congreso de la República que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada en tanto dure el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19.
El documento, suscrito por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, precisa que la ley “vulnera diversos artículos de la Constitución referidos a la obligación del Estado de orientar el desarrollo del país, lo que comprende la ejecución de una política pública en materia de infraestructura vial, y la competencia del Poder Ejecutivo para decretar el estado de emergencia...”.
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Hace hincapié en que todo lo recaudado por el cobro de peajes en las redes viales está relacionado directamente con el mantenimiento de las vías “lo que garantiza el tránsito de las personas en el territorio nacional”, y agrega que ya hay un marco normativo vigente que exonera a determinados vehículos del pago de peajes, entre ellos los de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, las compañías de bomberos y las ambulancias.
Durante el debate parlamentario, se recuerda, los legisladores alegaron que la norma aseguraría “el tránsito sin restricciones de profesionales comprometidos con la emergencia sanitaria y permitiría salvaguardar la integridad del personal que labora en actividades de salud y seguridad”.
Sin embargo, señala la demanda, la ley “solo hace referencia a un objetivo de la medida de suspensión del cobro de peajes que es evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional por el COVID-19”.
“La medida de suspensión de la actividad del cobro de peajes, aparte de no ser competencia del Congreso, no resulta razonable ni proporcional al objetivo de la declaratoria del estado de emergencia”, subraya la acción de inconstitucionalidad.