Contraloría detecta que en el Callao se originó un perjuicio para el Estado de más de S/161 millones

El contralor Nelson Shack expuso en la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción en la región Callao.

Fecha Actualización

24/08/2019 - 11:23

La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico para el Estado de más de S/161 millones en el Callao. El 85% de este monto corresponde a acciones relacionadas con el gobierno regional de dicha región. Así lo informó el contralor, Nelson Shack.

Como se observa en la imagen, que fue parte de la exposición de este miércoles de Shack en la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción en el Callao, el perjuicio económico identificado asciende exactamente a S/161’546,674.43, en el periodo del 2001 a enero del 2018. De esa suma, un total de S/141,772,521.48 corresponde a actos en el gobierno regional.

Según informó el contralor, Nelson Shack, casi la mitad de los funcionarios de distintas instituciones sometidos al procedimiento administrativo sancionador (PAS) corresponden al gobierno del Callao.

De enero del 2012 a julio del 2018, un total de 250 funcionarios cometieron infracciones administrativas en las unidades ejecutoras del Callao. De ellos, 116 laboraban en el gobierno regional chalaco.

Shack anunció que “en las próximas semanas van a salir a la luz una serie de auditorías vinculadas a una serie de aspectos del manejo administrativo y financiero de toda la corporación del Callao, no solo del gobierno regional”.

Informó que ha dispuesto un análisis de la declaración jurada de bienes y rentas de todos los jefes de OCI (Oficina de Control Interno) removidos en lo que llamó la “corporación Callao”, que comprenden todas las instituciones de la región, incluido el gobierno regional, “para que estén fuera de toda duda los posibles enriquecimientos ilícitos de algunos funcionarios”.

De otro lado, el contralor informó en la comisión que “ya estamos bastante avanzados en el proceso de nombrar a los jefes de las OCI en las Municipalidades Provinciales”. Antes de las elecciones regionales y municipales de este año, a celebrarse el 7 de octubre, dijo que ya estarán laborando todos los jefes de OCI.

Asimismo, indicó que presentará una iniciativa legislativa para que se sancione con inhabilitación de hasta por 5 años a todos los responsables en el caso de que se haga una auditoría financiera y el resultado del dictamen de la misma sea con abstención o con opinión adversa.

Señaló que, en esas circunstancias, no es la auditoría la que falla, sino que el titular de la institución no remite la información requerida para hacer el reporte. Sobre esto, más adelante, dijo que la Contraloría podría presentar un proyecto de ley “para incautar documentación y ponerla en resguardo para que en procesos de control podamos contar con la información debida y esta no se pierda”.

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