La Contraloría General de la República aprobó el reglamento que dispone los procedimientos para intervenir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que, a finales de julio, fue declarada en emergencia por nueve meses tras la remoción de sus siete consejeros debido al escándalo de los audios de la vergüenza.
Entre las facultades aprobadas se señala que la Contraloría podrá destituir al director general del consejo si existen evidencias de su falta de imparcialidad e independencia. Ese puesto lo ocupa actualmente Jorge Matienzo Lujan, quien está a cargo de la gestión administrativa y representación del CNM.
Se indica también que el órgano de control puede incautar documentación del consejo, sin limitación de acceso a los registros, aún cuando sean secretos, como lo dispone el artículo 22 de sus reglamento interno.
Cada acción que ejecute la Contraloría en el CNM será informada al Congreso a través de reportes que se presentarán cada dos meses. El primer informe, por tanto, comprenderá las medidas de incautación realizadas desde el primer día que se declaró en emergencia el ente (28 de julio) hasta la última semana de setiembre.
"Finalizado el periodo de la declaratoria de emergencia y al proceso de reevaluación y reestructuración de la composición del CNM (...) se debe presentar un informe final que incluya actuaciones realizadas desde la presentación del último informe bimensual", se lee en el documento.
De los siete ex consejeros, cuatro de ellos han sido denunciados ante el Parlamento por su protagonismo en los audios que han revelado una red de tráfico de influencias al más alto nivel del sistema judicial. Los ex funcionarios son Guido Aguila, Iván Noguera, Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez.