Ayer, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación y por unanimidad un proyecto que modifica el Decreto de Urgencia (DU) 003 emitido por el Ejecutivo.
¿En qué consisten estos cambios? Karina Beteta (FP), autora de la iniciativa, manifestó que se retendrán los activos de las empresas corruptas y de las consorciadas.
“Es decir, que a cualquiera de las empresas que ha tenido participación, por ejemplo en la Interoceánica, se les retendrá sus activos para asegurar el pago de una reparación civil”, manifestó.
Su colega de bancada Rosa Batra explicó que el DU, tal y como estaba perfilado, exoneraba de responsabilidad a estas compañías, lo cual “podía constituirse en una estímulo para la impunidad y la falta de colaboración”.
“Se dispone que haya un fondo de retención de las utilidades a quienes hayan sido consorciadas o sean socias de las que han cometido y han admitido haber cometido coima”, explicó.
El congresista Yonhy Lescano (AP) rechazó que dentro del proyecto no se haya incluido que las socias de las compañías corruptas no puedan contratar con el Estado.
“En vez de personas, en los intereses nacionales, se ha pensado en los de las empresas. Se habla de la presunción de inocencia, pero en estos casos eso no sirve”, afirmó.
Para Lescano, el proyecto no genera un cambio significativo, por lo que señaló que podrían existir algunos intereses detrás del mismo.
Sobre esto último, Beteta manifestó que no se puede prohibir porque posteriormente esta empresa “podría aludir presunción de inocencia y le darían la razón”.
Por su parte, Gino Costa (PpK) refirió que si esas compañías no han reconocido, “ni hay pruebas definitivas” contra estas empresas, se deben respetar las leyes.
- Miguel Castro informó que el proyecto tampoco permite sacar a las consorciadas dinero que provenga de los proyectos en los que se registró un acto de corrupción.
- Con este también se aprobó que se amplíe hasta seis años la aplicación del DU 003.