En vísperas de cumplirse el plazo que le concedió el Congreso para legislar en materia económica y de seguridad ciudadana, el Ejecutivo promulgó un decreto legislativo que sanciona con pena de cárcel y multa pecuniaria a quien "denuncie ante la autoridad un hecho punible, a sabiendas de que no se ha cometido o que ha sido cometido por una persona distinta a la denunciada". Se trata del artículo 402º contenido en el capítulo III del Código Penal, referido a los delitos contra la administración de justicia.
PIDEN EXPLICACIONES En opinión de Mauricio Mulder (Apra) y Juan Carlos Eguren (PPC), la norma constituiría una mordaza para los medios de comunicación. Esta versión fue contrarrestada por su homólogo oficialista Santiago Gastañadui, quien comentó que lo que se busca con la norma es "cautelar una correcta administración de justicia".
En declaraciones a Perú21, Mulder advirtió que la norma es "subjetiva y confusa", debido a que contempla una serie de conductas punibles en un solo artículo, pese a que en derecho penal –afirmó– la tendencia es dar normas precisas y claras para evitar que los jueces tengan un margen de maniobra demasiado amplio."El ministro de Justicia lo sabe y por eso da este decreto mordaza que tiene la evidente intencionalidad de amedrentar a los medios de prensa y evitar que esta denuncie", manifestó.
Añadió que el miércoles solicitará a la Comisión de Constitución que el subgrupo de trabajo encargado de determinar la constitucionalidad de los decretos legislativos se pronuncie sobre esta norma, y sobre todo el paquete dado por el Ejecutivo, a más tardar dentro de una semana.
Dijo, además, que pedirá que se cite a la Comisión de Justicia al titular del sector, Gustavo Adrianzén, para que explique el sustento de esta disposición. "Es tan confusa la norma que tendría que ser modificada o, en todo caso, derogada", anticipó Mulder.
INCONSTITUCIONALConsultado por este diario, el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, avaló la propuesta para citar a Adrianzén, y advirtió que el decreto legislativo en cuestión sería inconstitucional debido a que el Congreso no delegó facultades para una norma de sus características.
"Esta norma no tiene nada que ver con lo que aprobó el Parlamento. Todo lo contrario, está orientada a inhibir las denuncias, a generar temor y miedo en los denunciantes. El subgrupo de Constitución tendrá que ejercer el control político sobre ella y pronunciarse", subrayó.
SIN MORDAZADesde la otra acera, el parlamentario oficialista Santiago Gastañaduí desestimó que el gobierno pretenda amordazar a la prensa. "No es una ley mordaza porque no se refiere a delitos contra el honor, como la difamación o la injuria. Los medios no formulan denuncia ante el Ministerio Público o el Poder Judicial sino que las ponen en conocimiento público", comentó.
Agregó que la norma se enmarca en el ámbito de la seguridad ciudadana, por lo que no tendría por qué ponerse en tela de juicio su constitucionalidad.
SABÍA QUEAl amparo de las facultades delegadas, el gobierno dispuso también sancionar penalmente a quienes interfieran indebidamente "las comunicaciones electrónicas o de mensajería instantánea o similares". Actualmente solo se sanciona la interceptación telefónica.
Quienes incurran en ese delito serán sancionados con cárcel entre 5 y 10 años. La pena será mayor, entre 10 y 15 años, si el infractor es funcionario o compromete la defensa nacional.