El Congreso juega a favor de un sector de 'Los Cuellos Blancos'

Una decisión que hasta ahora ha pasado desapercibida en el Congreso de la República puede perjudicar la investigación fiscal a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y desde un sector del Ministerio Público se ha hecho la advertencia. 

El 4 de octubre, el Congreso votó a favor del informe que recomendó la destitución e inhabilitación de cuatro ex miembros del tristemente célebre Consejo Nacional Magistratura: Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.  

Los delitos que les imputó el Parlamento fueron menores: patrocinio ilegal y cohecho (recepción de dádivas). El delito principal, de organización criminal, fue rechazado en su mayoría por votos de la bancada de Fuerza Popular. 

Esta situación era aplaudida solapadamente por los cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto porque el Congreso había bloqueado la pesquisa de un sector importante de la organización: los integrantes de la institución que les permitió copar el Ministerio Público y el Poder Judicial con magistrados a la medida de la red criminal través de cuestionados nombramientos o ratificaciones.  

Mientras esta situación no sea rectificada por el Parlamento, el organigrama de Los Cuellos Blancos está incompleto. En el muro de la vergüenza faltan los rostros de los 4 ex consejeros del CNM. 

SE EMPOLVA LA DENUNCIA
Esta situación es seguida muy de cerca por el fiscal supremo Pablo Sánchez, quien el pasado 29 de agosto presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra los ex miembros del CNM antes mencionados y el ex juez supremo César Hinostroza.  

A todos el fiscal Sánchez les atribuye el delito de organización criminal, el más grave de todos los que se les imputa (hasta 20 años de cárcel). Sin embargo, la denuncia de Sánchez se empolva en algún lugar del Congreso sin que hasta ahora se tramite. 

Ante la lentitud de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para abordar la situación jurídica de los integrantes del CNM, Sánchez le pidió al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, el 22 de octubre, que tome acciones.  

“Por ello, solicito curse la comunicación correspondiente a la Presidencia el Congreso (Daniel Salaverry) a fin de que se le dé el trámite urgente que su contenido impone”, sostuvo Sánchez en el oficio 379 -2018, al que tuvo acceso Perú21. 

El oficio fue respondido por Chávarry tan solo seis horas después de ser recibido y, para variar, decidió no atender el requerimiento. 

Sin esperar a que el Ministerio Público le recuerde la urgencia del tema, el Parlamento debe rectificar de oficio su posición. 

Para el ex fiscal de la Nación, los ex consejeros son protagonistas de los audios que han destapado una red de tráfico de influencias al más alto nivel del sistema judicial. 

En la denuncia se lee que Los Cuellos Blancos se encargaron de “copar” con “su gente” las diversas instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público mediante la ratificación y el nombramiento de jueces y fiscales. Para esto necesitaron al CNM. 

En ese escenario, para los congresistas Juan Sheput, de Peruanos por el Kambio, y Marco Arana, del Frente Amplio, integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista de Fuerza Popular César Segura, la demora tendría como objetivo blindar a integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, al destituido juez César Hinostroza, y, finalmente, a Pedro Chávarry.  

“Segura ha dicho que se abordarán los temas de acuerdo al orden cronológico que llegan los requerimientos. Sin embargo, en otras oportunidades ha dado prioridad a otros casos. Al parecer, hay un interés político de blindaje a Chávarry”, dijo Sheput. 

El ppkausa advirtió que aún la acusación ni siquiera ha sido calificada. “No han dicho si procede o no. El caso no está ni en agenda. Tal como se demuestra en el chat La Botica, se quiere proteger a Chavarry”, añadió.  

Marco Arana considera que “se debe levantar la inmunidad de los ex consejeros del CNM para que la Fiscalía pueda seguir con las investigaciones y puedan tomar medidas restrictivas contra el resto de ellos porque podrían fugarse. Se debe acumular nuevos elementos para que sean investigados por crimen organizado”. 

EL PRIMER HERMANITO

El viernes, mientras un sector importante de la ciudadanía seguía con atención la audiencia de prisión preventiva para Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular, un ex consejero iba a prisión de manera preventiva. 

El juez supremo Hugo Núñez dictó 18 meses de prisión preventiva para Julio Gutiérrez Pebe porque, según la fiscalía, existía peligro de fuga. 

En su defensa, Gutiérrez dijo que su “pecado” fue “haber hablado por teléfono”; hoy se encuentra recluido en el penal de Castro Castro.  

Los otros ex consejeros del CNM aún se encuentran libres. ¿El Congreso de Salaverry tomará acciones? El tiempo lo dirá.