En el marco de un nuevo pedido de facultades legislativas que hará el Ejecutivo, la actual Comisión de Constitución del Congreso de la República avanzó muy poco en el control político de los decretos legislativos emitidos al amparo de esa autorización.
El presidente de ese grupo de trabajo, Luis Llatas, señaló que este retraso *se debe a la falta de profesionales especializados *(por cuestiones presupuestales) y al debate de los otros temas de la agenda, como la reforma electoral.
"Lamentablemente, no hemos avanzado en este tema, pero sí lo hemos tenido pendiente en la agenda (…), esperamos continuar", indicó a Perú21.
Llatas dijo que hace dos semanas se había previsto tratar exclusivamente este punto, pero, al final, no se pudo. El legislador nacionalista se comprometió a agilizar el trabajo.
Según un reporte al que Perú21 tuvo acceso, de los 77 decretos legislativos que ingresaron a la Comisión de Constitución desde el 2011 hasta la fecha, 54 tienen informe del grupo de trabajo especial (17 del periodo 2011-2012 y 37 del periodo 2012-2013). Hay 23 normas restantes que están pendientes en la agenda.
SIN GRUPO ESPECIALDurante las legislaturas 2011-2012 y 2012-2013, Marco Falconí presidió el grupo encargado de la revisión de los decretos legislativos y de urgencia. Dicho legislador indicó que, cuando inició su labor, detectó que no se habían analizado las normas desde el 2008. "Nosotros nos pusimos al día hasta 2013", aseguró.
Sin embargo, después los temas de coyuntura y la falta de apoyo administrativo y técnico minaron el tiempo para cumplir con ese análisis.
Falconí (UR) comentó que a él le asignaron un técnico y un auxiliar, pero en la tercera legislatura (2013-2014), cuando solicitó más asesores y personal especializado, se los negaron.
"Así era materialmente imposible trabajar", expresó a Perú21. Entonces, prosiguió, ya no se formó el grupo especial y la labor fue asumida por toda la Comisión de Constitución.
PUNTO DÉBILJuan Pari (Dignidad y Democracia) advirtió que una "debilidad" del Parlamento ha sido el control político y constitucional de los decretos legislativos del Ejecutivo. Además, se preguntó qué garantía de imparcialidad en este proceso puede dar una comisión presidida por el nacionalismo.
Por su parte, Carlos Vega, jefe de la Unidad de Análisis de Reflexión Democrática, subrayó que el Congreso debe garantizar que las normas del gobierno se encuentren dentro de las facultades delegadas y no afecten la Constitución.
DATOS