Preocupados por el desgobierno, la crisis económica y alimentaria, y los claros indicios de corrupción, distintos gremios empresariales se pronunciaron – casi de forma simultánea– a favor de que se priorice la acusación constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo.
La denuncia se basa en la presunción de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El primero en pronunciarse fue IPAE Asociación Empresarial, que hizo un llamado al Legislativo.
“Invocamos al Congreso a priorizar la pronta resolución de esta grave denuncia entre otras pendientes, acelerando las investigaciones que sean necesarias; resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con el fin último de servir a la ciudadanía y defender la democracia, la institucionalidad y separación de poderes”, se lee en su comunicado.
No tardó en pronunciarse la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que señaló que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial “están cumpliendo con su labor”.
MIRA: Betssy Chávez pide al JNJ que Patricia Benavides sea destituida del cargo de fiscal de la Nación
Asimismo, a través de un pronunciamiento suscrito por sus 22 gremios de la pequeña, mediana y gran empresa, instaron al Congreso a darle celeridad a las investigaciones.
“El Congreso tiene la responsabilidad de seguir los procedimientos que corresponden de manera rigurosa y ética, asegurando un debido proceso y permitiendo que podamos llegar a la verdad”, sostuvo.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó cualquier acto de corrupción y exigió que los involucrados colaboren con la justicia y que se brinden las garantías necesarias para que las autoridades puedan cumplir su labor.
En tanto, la Unión de Gremios por el Perú expresó que el país “no soporta más la inestabilidad y la incapacidad en la gestión del Estado, que atenta directamente contra la economía de millones de familias”.