Congreso es uno de los principales agresores a la libertad de expresión

En una coyuntura de lucha frontal contra la corrupción, la libertad de expresión es, sin duda, un instrumento valioso para develar las irregularidades que ponen en riesgo la institucionalidad y estabilidad democrática de nuestro país.

Pero es también, según el Informe Anual sobre Libertad de Expresión 2019 –presentado la semana pasada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)–, un derecho de ciudadanos, medios de comunicación y periodistas que en el último año se ha visto afectado desde tres frentes: “el aparato legislativo, las querellas por difamación y la impunidad judicial”.

El documento, hecho público ayer, advierte que “en el Perú se ha fortalecido la agenda legislativa ‘antiprensa’ desde el Congreso, (...) como respuesta a las labores de investigación sobre casos de corrupción como Lava Jato” que han derivado en “investigaciones fiscales e, incluso, en la cárcel para varios prominentes y poderosos políticos y jueces”.

El informe llama la atención, en ese contexto, sobre normas como la ‘Ley Mordaza’, que prohibía la publicidad estatal en medios privados y que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, y proyectos que algunos sectores del Legislativo impulsan con el claro propósito de amedrentar y amordazar al periodismo. Entre ellos el que amplía la pena de cárcel por difamación de tres años a un rango de entre cuatro y siete años y el que plantea el uso de centrales de medios, “que podría encarecer la contratación de espacios privados para el Estado y tener control sobre qué se publica y dónde”.

Otro hecho consignado es el acuerdo de la Comisión de Fiscalización de investigar a las encuestadoras en momentos en los que diversos sondeos contrastan la baja aprobación del Congreso con el significativo apoyo ciudadano al adelanto de elecciones. “Diversas voces han señalado que esta medida hostil tiene una motivación política”, subraya.

El informe, que será discutido en la SIP, en octubre, da cuenta también de 16 casos judiciales contra periodistas y medios de comunicación, muchos de los cuales, dice el CPP, “no tienen sustento pero continúan en proceso”. Menciona, entre ellos, la demanda por supuesta difamación de Miguel Arévalo Ramírez, ‘Eteco’, contra periodistas de distintos medios, el caso Sodalicio y las querellas por difamación contra El Comercio por hechos que se remontan a 2013 por un monto de S/211 millones. También el caso Humala, en cuyo marco el abogado del expresidente pretendería extender la responsabilidad por el delito de lavado de activos que se imputa a su patrocinado a los medios que recibieron dinero por publicidad contratada en campaña.

-Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa, advierte que el proyecto para ampliar la pena de cárcel por difamación “es un hecho gravísimo”.

-Precisó que en Jamaica, México, Argentina y Honduras se han reducido las penas.

-“La difamación es utilizada como una herramienta que genera autocensura. (...) El Estado, en general, no es muy abierto a defender la libertad de expresión”, indicó.

Este informe es descarnadamente inquietante para los que hacemos periodismo en el Perú. Mientras la Cancillería planea llevarnos a la OCDE, el Congreso y el Poder Judicial se esmeran en jalarle la alfombra. De otra forma, no se explica el proyecto aún vigente del congresista Clayton Galván que busca ampliar la pena de cárcel por difamación de tres años hasta siete. A mayor investigación y opinión sobre el Congreso, mayor la vendetta de los señalados. Desde familiares trabajando en el Congreso sin ninguna vergüenza; pasando por la educación fantasma, ejércitos de trabajadores fantasma; hasta malnacidas conversaciones de La Botica que quedarán en la historia de la obstrucción. ¿Cree que el Congreso —la mayoría parlamentaria, digamos— nos quiere? No, pues. Nos detesta. Y esa es la dinámica entre la prensa y el poder. Pero de allí a usar horas legislativas en urdir planes contra nuestro libre ejercicio por pura bronca, con dinero público paradójicamente, es un despropósito y una intimidación.