El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría hoy un proyecto de ley que plantea incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilícito de organizaciones políticas.
De promulgarse esta iniciativa se impediría que se investigue como organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos a los partidos políticos.
Este proyecto de ley plantea una pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de siete años por este delito. Asimismo, se castigaría con una pena no menor de seis ni mayor de 13 años los casos agravados.
Durante el debate la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular), expuso el dictamen aprobado en dicho grupo de trabajo. El mismo fue criticado por Marisa Glave (Nuevo Perú) quien consideró que este proyecto busca favorecer a la hoy detenida lideresa de Fuerza Popular.
"El proyecto de ley aprobado sobre el financiamiento de origen delictivo a las organizaciones políticas ha sido elaborado con miras a evitar actos de corrupción que permitan la influencia de dinero ilícito en el financiamiento de organizaciones políticas que generen posibles actos de corrupción a partir del financiamiento ilícito en toma de decisiones públicas en perjuicio del Estado" explicó Bartra.
"Esto es un dictamen que para nosotros infringe principios fundamentales, como el principio de legalidad, no queda claro cuál es la función que está prohibida. Se quiere modificar una ley que hoy sanciona la figura del lavado de activos por la que está siendo investigada la señora Fujimori", cuestionó Marisa Glave.
Similar postura tuvo el legislador no agrupado Gino Costa quien aseguró que la principal beneficiada por este proyecto sería la lideresa de Fuerza Popular.
"¿Quiénes se beneficiarían? Todos investigados por este delito, empezando por la lideresa de Fuerza Popular", escribió en su cuenta de Twitter.
Previo a esta aprobación, la ONPE había manifestado su preocupación por las disposiciones complementarias del dictamen que estarían atribuyendo a la ONPE funciones que corresponden a otro organismo constitucional autónomo, como es la fiscalía de la Nación.