Congresistas tendrán ingresos por un total de S/36,166 en mayo

Cuando el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó al Pleno, el último jueves, que la Mesa Directiva “reexaminaría” su decisión de aumentar en S/3,383 la asignación por función congresal —para que esta pase de S/7,617 a S/11,000—, lo hizo con el único fin de evitar que algunos parlamentarios que cuestionaban la medida utilizaran el hemiciclo como una tribuna para expresar sus observaciones.

La jugada le salió bien al legislador de Alianza para el Progreso. Ese día nadie habló. Finalmente, el viernes, la Mesa —como era previsible— se mantuvo en sus trece y ratificó el incremento. Lo hizo dizque amparada en una opinión de la Oficialía Mayor que, trascendió, señaló que una rectificación era “inadmisible” por cuestiones de forma —porque no estaba dentro del plazo establecido— y de fondo —porque no se puede rectificar una decisión ya tomada—.

Pero también, y sobre todo, porque su controvertida decisión tiene el respaldo de las diez bancadas que el 5 de enero —como informó Perú21— le enviaron una carta al titular del Poder Legislativo para pedir que se reajuste el monto de la asignación con el fin de “cumplir a cabalidad” sus funciones. Solo Cambio Democrático-Juntos por el Perú no la suscribió y, según su vocera Sigrid Bazán, ni siquiera fue consultada al respecto.

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Ahora que la directiva está oleada y sacramentada, cada uno de los 130 legisladores tendrá este mes de mayo un ingreso bruto de nada menos que S/36,166. Y es que el acuerdo Nº 118-2023-2024/MESA-CR precisa claramente que la “actualización” de esta suerte de bono se aplica desde la segunda legislatura del período 2023-24, es decir, que será retroactiva al 1 de marzo.

Así, a los S/15,500 de remuneración, S/2,800 por concepto de Semana de Representación y S/11,000 que a partir de este mes recibirán como bonificación por función parlamentaria, y que suman S/29,400 mensuales, se agregarán en esta ocasión otros S/6,755 que corresponden a los devengados de marzo y abril.

Fuentes de Perú21 revelaron, incluso, que no pocos legisladores pretendían que el reajuste se aplicara desde enero alegando que fue ese mes que se le presentó la solicitud a Alejandro Soto. Esta desproporcionada medida, sin embargo, no fue aceptada.

AUMENTO ENCUBIERTO

El abogado constitucionalista Erick Urbina consideró “muy preocupante” que el Congreso apruebe este tipo de medidas que —dijo— “no solamente van en contra del sentido común, sino que, además, abundan en ese descontento que tiene la población respecto al Parlamento y que le hace daño a la democracia”.

En declaraciones a este diario, Urbina llamó la atención también sobre el hecho de que los legisladores pertenecen a partidos políticos cuyos líderes, indicó, deberían también pronunciarse. “Los congresistas llegan representando a un partido. Entonces, allí también debemos ser críticos y exigirles a esos líderes que se pronuncien. ¿Qué piensa César Acuña? ¿Qué piensa la señora Fujimori? Esto también habla muy mal de la organización de los partidos”, acotó.

Urbina advirtió, asimismo, que “el promedio de nuestros congresistas no ganarían lo que hoy ganan si no estuvieran en el Parlamento, y eso genera que no puedan realmente representar a la población”. “Tiene que haber una lógica entre el parlamentario y sus representados, una conexión. Hoy por hoy (los congresistas) se han vuelto una suerte de casta totalmente distinta a la población como tal”, puntualizó.

En otro momento, comentó que “en el fondo, este tipo de aumentos se dan en esos rubros para evitar que la ciudadanía los interprete como un aumento de sueldos, aunque en los hechos, eso es lo que son”, subrayó.

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