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La comisión Lava Jato que investiga los presuntos negociados de empresas brasileñas con el Estado peruano en los últimos tres gobiernos se instalará el próximo 4 de enero, anunció hoy la presidenta del Parlamento, Luz Salgado Rubianes, durante una entrevista a una emisora local.
Informó que ha conversado sobre el tema con la coordinadora e integrante de ese grupo indagador, la legisladora Karina Beteta Rubín (FP), quien en breve realizará la respectiva convocatoria.
Recordó que la comisión es multipartidaria y que también la integran los parlamentarios Víctor García Belaunde (AP), Gino Costa (PPK), Jorge Castro (FA), Víctor Albrecht (FP), Marisol Espinoza (APP) y Mauricio Mulder (PAP.
Salgado comentó que el Pleno del Congreso es la instancia que aprueba la modificación de los integrantes de la Comisión 'Lava Jato', si así lo deciden los representantes de las bancadas parlamentarias, ya sea en la Junta de Portavoces o en el Consejo Directivo.
La labor inmediata de esta comisión, que tomará la posta de la que se conformó en el periodo 2011-2016 y que encabezó el ex congresista Juan Pari, será indagar las recientes revelaciones que hiciera hace unos días la compañía Odebrecht, plasmadas en un acuerdo con la justicia de EE.UU., en las que asegura que pagó coimas a funcionarios peruanos, entre los años 2005 y 2014, por una suma de US$29 millones.
"Tomando en cuenta que se han revelado nuevas pruebas sobre pago de coimas a servidores públicos y que tres gobiernos están involucrados, no podríamos esperar a marzo para instalarnos, porque se pasaría mucho tiempo; el informe hecho por el ex congresista Pari nos servirá de referencia", añadió la legisladora fujimorista, Karina Beteta.Por su parte, el parlamentario de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde indicó que, a la par de las tareas que realice el Congreso, la Fiscalía debe profundizar su labor para denunciar a los funcionarios que hayan incurrido en algún delito.
"Lo que hay que buscar son fiscalizadores no comprometidos con actos de corrupción, que tengan coraje y valentía, y que hayan demostrado en su trayectoria no tener alguna relación con los personajes que se investigarán", apuntó en diálogo con este diario.
El miércoles 21 de diciembre, la firma del empresario Marcelo Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó millonarios sobornos a funcionarios de distintos países de Latinoamérica, entre ellos el Perú, a cambio de ganar licitaciones de obras de infraestructura.
Odebrecht reveló que para lograr sus cometidos de manera ilegal, su compañía contaba con una oficina destinada a gestionar y realizar los pagos irregulares.
Sobre el caso peruano, la corporación brasileña señaló que efectuó las coimas por 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014. Precisó que de ese monto, entre 2005 y el 2008, desembolsó US$20 millones.
De esta manera, quedaron implicados los gobiernos de los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En ese periodo, aseguró que generó ingresos por US$143 millones.Si bien no se revelaron aún los nombres de los altos funcionarios corrompidos durante esas tres gestiones gubernamentales, Odebrecht refirió que hizo un pago de US$1.4 millones a un alto funcionario del gobierno del sector Transportes y los miembros del comité seleccionador en el año 2008.
En el 2009, la constructora ganó la licitación por la obra de la Línea 1 del Metro, que, según los documentos, estuvo valorizada en US$400 millones.
Cabe precisar que la Fiscalía peruana realiza cuatro investigaciones sobre el caso Lava Jato. De ellas, solo una involucra a Odebrecht y corresponde al Gasoducto del Sur, obra adjudicada en el 2014.
Precisamente, por este megaproyecto están en la mira el ex mandatario Humala y su esposa Nadine Heredia.
