Cinco congresistas de UPP se metieron a la cárcel para reunirse con Antauro Humala

Las personas privadas de la libertad tienen derecho a la comunicación y, por lo tanto, el INPE habilita en todos los establecimientos teléfonos para que se comuniquen con sus familiares, con sus embajadas o con instituciones que brindan asistencia penitenciaria; sin embargo esta comunicación tiene que estar circunscrita a todo aquello que le ayude a la reinserción y rehabilitación del interno. Cualquier tipo de comunicación que exceda este marco no está permitido. Frente a lo que hemos visto en Perú21 y por información de inteligencia se ha dispuesto que se investigue estos hechos porque hay que iniciar un proceso disciplinario para llegar a una sanción que se le informará al interno.

Recién tengo un mes y tres semanas en el cargo. No puedo responder por gestiones anteriores. Pero sí voy a responder por lo que pase desde que puse un pie en el INPE. La próxima semana debemos tener una respuesta. Sin embargo, si bien es cierto lo que señalas que no es la primera vez que ocurre algo así, sí han habido sanciones que se han impuesto. Ahora también vamos a responder por esto.

Desde que se decretó el Estado de Emergencia se suspendieron las visitas a los centros penitenciarios. Los congresistas tienen una prerrogativa especial –como la tienen los ministros, jueces y fiscales– que les permite ingresar cualquier día, pero para realizar las funciones propias del cargo. Entonces, cuando han ingresado los congresistas se entiende que es para realizar una labor de fiscalización. Pero esto no puede tergiversarse, no puede convertirse en una visita que le saque la vuelta a la norma. Nosotros hemos actuado de buena fe autorizando el ingreso de los congresistas, pero lo publicado por Perú21 genera una alerta y se están tomando medidas al respecto.

Nosotros tenemos el registro de todas las personas que ingresan a distintos establecimientos penitenciarios.

Al penal de Ancón II han ingresado los congresistas: (Ali) Mamani Barriga, (Rubén) Ramos Zapana, (José) Vega Antonio, (María) Bartolo Romero y (Javier) Mendoza Marquina. Son cinco legisladores que han ingresado desde el 3 de setiembre indicando que van a hacer labores de fiscalización, pero de allí a que pase a una situación distinta de hacer coordinaciones políticas, no se puede y no está permitido. Los establecimientos penitenciarios no pueden ser un espacio para acciones de naturaleza distinta a la privación de la libertad.

Claro, y ya se han iniciado las acciones dentro del establecimiento penitenciario porque no se puede continuar de esta manera. Cuando se abusa del derecho que tienen se debe ser bastante estricto con las medidas que debemos adoptar. Estamos para cautelar la seguridad en las cárceles.

He recibido una comunicación del interno Humala para que se le compute los días sábados para efectos de la reducción de la pena a la que toda persona privada de la libertad tiene derecho. También hay una notificación de un juez del distrito de Ventanilla en el que pide información del cómputo del interno Antauro Humala. Eso ya respondimos, lo mandó la propia dirección del penal juzgado el lunes o martes de esta semana.

Hay infracciones leves y graves. Pueden ir desde no participar en actividades recreativas, la restricción de las comunicaciones y el aislamiento. Eso lo determinará el Consejo Nacional Penitenciario. Ellos están en la capacidad de solicitar medidas adicionales para resguardar la seguridad penitenciaria del penal.