La Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio plazo al Estado peruano hasta el 29 de octubre próximo para que informe sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control del “indulto por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori.
La resolución de la CIDH , además, establece que el Estado peruano "no ha dado cumplimiento total a la obligación de investigar, juzgar y de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias" emitidas por ese organismo supranacional en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, el organismo precisa que mantendrá "abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento" de una serie de medidas de reparación del caso Barrios Altos, entre las que figura "el deber de investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la sentencia de fondo".
Además, el pago de indemnización a los deudos de las víctimas, el cumplimiento de prestaciones de salud y educativas, entre otros.