César San Martín: "Hay intereses en juego cuando se habla de excesos en la prisión preventiva"

A raíz de las últimas decisiones de prisión preventiva en el marco del caso Lava Jato, cada vez más voces exigen cambios en su aplicación. Los vocales de la Corte Suprema atendieron el reclamo y en agosto se reunirán en un pleno jurisdiccional para fijar y uniformizar los criterios para el uso de la prisión preventiva, entre otros siete temas. El juez supremo César San Martín, coordinador del pleno venidero, explica en esta entrevista la visión de la Suprema sobre esta medida, que ha llevado a expresidentes, líderes políticos y autoridades a prisión. El magistrado asegura que a los miembros del máximo órgano de nuestro sistema judicial los tienen sin cuidado los comentarios que llegan desde algunos sectores del país.

¿Por qué es necesario convocar un pleno jurisdiccional?
En la Corte Suprema siempre trabajamos plenos cada año. Esto pertenece a una lógica regular, cada año hacemos acuerdos plenarios.

¿Por qué seleccionaron la prisión preventiva?
Es necesario a partir de los reclamos que la sociedad está planteando. Sobre todo para hacer una conexión entre los criterios que establece la Corte Interamericana de DD.HH., algunos planteamientos del Tribunal Constitucional y algunos criterios que nosotros hemos abordado en varias casaciones. Todo pleno plantea unificar criterios, interpretaciones, y afirmar principios y garantías.

Al seleccionar la prisión preventiva, ¿la Corte Suprema reconoce que hay un exceso en su uso reciente?
No reconocemos nada. Solamente reconocemos que como consecuencia de la dinámica social es importante analizar esto. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos intereses en juego cuando se habla de una aplicación excesiva (de la prisión preventiva) o una aplicación indebida. Sabemos qué sectores lo dicen, sabemos por qué lo dicen, pero como jurisdicción tenemos que afirmar criterios de absoluta imparcialidad e independencia para establecer directivas jurisprudenciales desde las exigencias de la ley, que es el único norte al que nos debemos. Más aún, cuando los grandes temas de prisión preventiva están asociados a sujetos públicos que conducen los poderes políticos: Ejecutivo y Parlamento. Por tanto, hay que tener la prudencia y el cuidado para no caer en trampas epistemológicas y estratégicas que nos pueden inducir al error. Nos tiene sin cuidado lo que digan o dejen de decir los sujetos de los poderes políticos del país. Sin cuidado.

¿Cuál es el impacto de un acuerdo plenario en el sistema judicial?
Es un impacto directo porque es obligatorio (en su cumplimiento) y tiene efectos generales en las instituciones del derecho penal y procesal.

En 2016, el INEI informó que más de la mitad de los presos en el país no tienen condena. Ahora el porcentaje es 39%. ¿Por qué en ese momento no reaccionó la justicia? ¿Por qué parece que recién se actúa cuando el problema afecta a la élite política y económica?
No, cuidado. Primero, la reacción no ha sido de la justicia, ha sido de los sectores ajenos a la justicia que consideran que la aplicación de los preceptos de la prisión preventiva son excesivos. Cuidado, ¿quién se queja? ¿Quién cuestiona? Con todo derecho, eso no está mal. Es cierto que recién la cosa se viene a poner más dura o más crítica cuando precisamente los afectados son de las capas altas de la sociedad y del poder, es cierto. Pero por eso mismo tenemos en el Poder Judicial, como institución independiente, que decidir cuál es su planteamiento y cómo deben ser las cosas. Ya hay un bagaje de discusión y de doctrina jurisprudencial lo suficientemente sólida como para poder ya fijar criterios más estrictos y puntuales. Pero déjeme decirle desde una perspectiva de instituciones muy débiles a los bandazos, antes se exigía más prisión, más prisión, más prisión, ahora se exige menos prisión, menos prisión. Eso hay que tomarlo en cuenta. Que haya 39% es algo que no debe ser.

¿Hay preocupación en la Corte Suprema por los cambios en la ley que algunos grupos del Congreso quieren hacer a la prisión preventiva?
Nos preocupa muchísimo. No creemos que haga falta, por el momento, hacer cambios importantes, más cuando nuestra legislación en este ámbito es parte del estándar. Nuestro código es más garantista que el colombiano. Entonces, ¿reformas a qué? ¿Qué quieren hacer? Y solamente por lo que se dice se está tratando de cuestionar el tema de si el juez dicta una decisión y esta es revocada o es desproporcionada, se habla de delitos de prevaricato o sanciones. Esto es abiertamente inconstitucional porque afecta la independencia judicial. Sin independencia, no hay debido proceso. Sin independencia, no hay garantía de los derechos. Cuidado con eso.

En el debate abordarán la vigilancia electrónica. Actualmente, el costo de usar el grillete electrónico es pagado por el propio procesado. ¿Esto debería cambiar?
Ese es un tema que lo debe pensar muy bien el Ministerio de Justicia. Hay un problema económico fundamental y es peligroso que de por medio se encuentre un tema de tener dinero. Eso es algo que afecta el principio de igualdad. El Estado tiene que pagar. Quisiéramos que (el uso del grillete electrónico) sea masivo para evitar un gran porcentaje de cárceles, creemos que es necesario.

¿Cuál es el estado del proceso que se le abrió por su charla con el preso exjuez Walter Ríos pidiéndole celeridad en un trámite?
Está en trámite y estamos a lo que diga la Fiscalía. Estoy muy tranquilo. Es una cosa tonta. Mi hermana ya tenía inscrita su incapacidad en el registro nacional. Se pedía celeridad en un tema que necesitaba ser rápido y que demoró más de un año. Lo que más me importa es trabajar en lo mío.

Sabía que
- San Martín explicó que en el pleno jurisdiccional participarán los magistrados titulares y provisionales de las Salas Penales de la Corte Suprema: 15 en total.
- Ahora están en la etapa de selección de las ponencias que presentan la comunidad jurídica y la sociedad civil sobre los ocho temas que se tratarán en el pleno. El plazo para recibir los textos vence el 15 de mayo.
- Luego se realizarán audiencias públicas que nutrirán el debate de las medidas a tomar.