El especialista en derecho parlamentario César Delgado-Guembes analiza las cifras de presentación de proyectos de ley en el presente periodo congresal y los intereses detrás de Perú Libre en el planteamiento de las iniciativas.
¿Qué opina de la diferencia de proyectos presentados con los que se convierten en ley?
Los límites para presentar proyectos de ley son inexistentes, a pesar de que se han ido fijando con los años, para evitar la hemorragia de iniciativas. En el pasado, uno de los líderes en esta materia era Xavier Barrón, que se jactaba de eso como si tuviese relación con productividad o mejores competencias. Se establecieron más requisitos, como la exigencia de incorporar el análisis costo-beneficio y la evaluación del impacto ambiental, pero en realidad la tentación siempre ha sido la de creer que los problemas de la realidad se solucionan con leyes.
Y eso no es así.
No, muchos de los problemas de la realidad no tienen una solución legal y, más bien, cuando las leyes se aprueban, no solucionan, sino que crean más problemas. En el Perú tenemos una hiperinflación de normas, hay alrededor de 33,000 leyes, a pesar de los procesos de purga, sobre todo con la comisión que lideró Santiago Fujimori. Sin embargo, ese proceso no ha terminado y se sigue en la misma tendencia.
¿Cuál es la intencionalidad de eso?
Una de las cosas que más marca la proliferación de normas es la supuesta intencionalidad de los proponentes de intervenir en otro poder del Estado, como el Poder Judicial o la Fiscalía. Antes, eso se aligeraba cuando existía la famosa inmunidad parlamentaria, pero el levantamiento de esa inmunidad ya no existe en el Perú. En ausencia de esta prerrogativa, la acción de los congresistas para protegerse es intervenir a través de proyectos de ley para evitar la sanción que les puedan dar. Cuando tienes intereses que no declaras, pero que existen, y legislas para favorecer tus propios intereses, no estás cumpliendo con el mandato constitucional.
En la práctica, normas impulsadas por Perú Libre han servido para que los Cerrón intenten truncar sus propios procesos.
Claro, ese parece ser un dato que evidencia una correlación. Pero no solo es la intención de quien presenta el proyecto de ley, sino las negociaciones dentro del propio Congreso para lograr que se aprueben las iniciativas. El daño mayor no está en la presentación del proyecto, sino en su aprobación. Se están avalando conductas que riñen con los principios constitucionales.
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