Caso Toledo: ¿Por qué demora el arresto con fines de extradición?

Han pasado más de cuatro meses desde que el pedido de arresto con fines de extradición contra el ex mandatario Alejandro Toledo fuera enviado a los Estados Unidos.

Según el tratado de extradición, el Estado requirente –en este caso, el Perú– debe ser notificado inmediatamente sobre la solicitud. Se sabe que el documento lo tiene el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), pero se desconoce por qué aún no pasa a manos de un juez. Mucho se especula. O las autoridades americanas lo han observado, o es una demora propia de estos procesos.

La detención provisional con fines de extradición es una medida cautelar que se solicita antes del pedido de extradición en casos de urgencia cuando hay riesgo de que el imputado se fugue.

El tratado exige cumplir una lista de requisitos: descripción de la persona, paradero, hechos, detalle de leyes infringidas, mandato de detención y compromiso de enviar el pedido de extradición.

Según el penalista Carlos Caro, debe probarse también que hay una "causa probable" de que el requerido sea culpable. "La detención no es automática, exige un juicio de viabilidad", señala. Ello para descartar que se trate de un perseguido político. A diferencia del Perú, donde sucede a la inversa, en Estados Unidos, el primer filtro es administrativo y luego el judicial. Para el penalista César Nakazaki, la demora es inexplicable. "En principio, la regla es que no necesites prueba porque confías en la buena fe de la justicia del Estado requirente", asegura. Un reciente caso de extradición entre Perú y EE.UU. es la del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol Manuel Burga, arrestado en menos de una semana tras recibir la solicitud de extradición de ese país. Nakazaki comenta que ahí la Corte Suprema peruana pidió pruebas, pero las autoridades americanas se negaron a dárselas porque su legislación se lo prohibía. Aún así, el Perú lo entregó. "El Perú les dijo: tu calidad democrática es suficiente; y por reciprocidad, debería proceder lo mismo", comenta.

El análisis de la extradición, sin embargo, es caso por caso. Y el de Toledo es complejo. Su defensa busca probar que hay motivaciones políticas. "Sus abogados alegarán que hubo una celeridad inusitada en el pedido de prisión preventiva, que se le rechazó apelar por una formalidad, que el dicho de un colaborador eficaz –Jorge Barata– no es suficiente, que ha habido interferencia de autoridades de alto rango estatal y demás", explica Caro. Agrega que la estrategia parecería ser que el pedido se entrampe en el DOJ.

La reciente captura del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli, requerido en su país por interceptaciones telefónicas, podría trazar la misma ruta para Toledo. Ocho meses pasaron desde que Estados Unidos recibió el pedido de arresto preliminar.

En declaraciones a RPP, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que "el promedio de duración de las extradiciones en EE.UU. es de tres o cuatro años". Por eso, se mostró optimista con el caso Toledo ya que el de Martinelli demostraría que las autoridades norteamericanas están respondiendo con mayor celeridad.

Para Caro, también podría ser que se trate de una demora natural. "Los peruanos hemos estado acostumbrados al ritmo que le damos a las cosas. Cuando llegó el pedido contra Burga, de frente lo detuvieron y ahora esperamos lo mismo. Pero en EE.UU. la detención es la excepción, no la regla", dice.

Otra razón que explicaría la demora es que el Perú no habría designado un abogado que defienda los intereses del Estado. Nakazaki opina que en el caso del ex presidente Fujimori contrataron al mejor penalista de Chile, Alfredo Etcheberry, pero que con Toledo no reaccionaron igual. Sin embargo, recientes declaraciones de la ministra Pérez Tello confirmarían que el Perú ya está trabajando con un estudio de abogados en EE.UU. para agilizar el proceso de extradición.