La Comisión Permanente dio luz verde, con 25 votos a favor, la acusación constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, por el Caso Richard Swing, por su presunta responsabilidad en la contratación irregular del cantante Richard Cisneros Carballido, entre el 2018 y 2020, en la que se autorizó pagos hasta por S/175.400.
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El informe final, aprobado previamente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recomienda acusar al exmandatario por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero y negociación incompatible, que serán investigados en la Fiscalía.
En el caso de la exministra de Cultura, Patricia Balbuena, el documento recomendaba acusarla por los presuntos delitos de peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, pues en su gestión se concretaron los pagos.
Sin embargo, al haber prescrito los delitos, por haber ocurrido los hechos hace cinco años, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, reformó el texto de la acusación, y pidió que el informe ya no contemple acusarla sino solo enviar el informe al Ministerio Público para que se inicie una investigación fiscal en su contra.
Debido a ello, la acusación contra Balbuena pasó al archivo.
Este caso fue investigado por el Ministerio Público que, en septiembre de 2021, denunció penalmente a 19 personas, entre las que se incluye al propio Richard Swing y a la exsecretaria general de la Presidencia de la República Miriam Morales para quien la fiscal Janny Sánchez solicitó 13 años y 4 meses de prisión.
Vizcarra no asistió a ejercer su derecho a la defensa, y pidió que se le levante su derecho al antejuicio, pero su pedido no fue tomado en cuenta por carecer de sustento legal.
El expresidente ya cuenta con un inhabilitación de 10 años por el Caso Vacunagate.