Marita Barreto, fiscal del caso Orellana. (César Campos/GEC)
Marita Barreto, fiscal del caso Orellana. (César Campos/GEC)

“Esta es la investigación más compleja en la historia del país”, insiste la fiscal de lavado de activos cuando se refiere a la red que encabezó el sentenciado abogado . Hace una semana presentó una nueva acusación contra Orellana y su clan, y pide al Poder Judicial otros 35 años de cárcel para el detenido.

Barreto recuerda que con pocos recursos pudo hacer mucho. “Sí, carecimos de presupuesto, pero hemos demostrado que si se quiere, se puede”, sostiene. Esa frase parece llevar su ritmo de vida.

¿En qué consiste esta nueva acusación contra la red que encabezó Rodolfo Orellana?

La organización criminal denominada clan Orellana es una sola. Lo que pasa es que en el decurso de la investigación se fueron encontrando nuevos integrantes, nuevas personas, nuevos hechos y la investigación fue creciendo. La carpeta madre está compuesta por 129 personas que han sido comprendidas en tres acusaciones. En total, en la investigación se han detectado 386 personas que integrarían la red.

¿Y qué diferencia hay entre la acusación que presentó este año con la del año pasado, en la que acusó a la cúpula de la organización y pidió 35 años de cárcel?

Son hechos distintos. La ley nos exige probar cada uno y en el caso Orellana hablamos de más de 400 hechos. En un hecho no participaron las 386 personas, sino un grupo seleccionado por su especialidad. Porque, recordemos, el clan Orellana estuvo integrado por profesionales de distintas ramas –abogados, contadores, fiscales, jueces– para cada plan criminal.

Para entenderlo bien, ¿la apropiación ilícita de un inmueble es un hecho y la apropiación de otro bien es otro hecho?

La apropiación ilícita es la actividad criminal precedente del lavado de activos. Un inmueble significa dinero para la organización criminal, lo ven como una fuente de recursos económicos. Entonces, para tramitar actos fraudulentos, para que este bien tenga otra condición legal, se cometieron múltiples hechos delictivos. Y eso es lo que hemos probado: para un hecho participaron cinco o diez personas, y para otro entre diez y quince personas. Pero todos bajo el control y mando de Rodolfo Orellana.

Por ejemplo, ¿cómo esta organización pudo apoderarse de bienes del Hospital Hermilio Valdizán?

Usaron documentos fraudulentos, simularon contratos de compra y venta, y desembolsos de dinero entre testaferros que aparecían como si fueran propietarios. Luego, los abogados de la organización criminal interponían acciones legales para apoderarse del inmueble. Y esto se logró porque se corrompieron a funcionarios públicos.

Uno de esos funcionarios corrompidos fue el sentenciado exjefe de la Sunarp, Álvaro Delgado Scheelje.

Así es. Delgado Scheelje sirvió a la red Orellana para registrar en la Sunarp los títulos de los terrenos a nombre de la organización criminal. Hoy ha sido condenado a seis años de prisión y así como él muchos funcionarios están comprometidos. Hasta el expresidente Alejandro Toledo tuvo vínculos con Orellana. Elna Ramos Gallegos, cónyuge del empresario y acusada también, trabajó en el despacho presidencial.

¿Siempre fue Orellana el principal imputado?

Así es porque es el jefe y líder de la organización criminal. Lo que tenemos hoy son tres acusaciones con 129 personas a la espera de entrar a juicio oral.

Hace exactamente un año, usted presentó su acusación contra la cúpula de Orellana, pero el caso aún no llega a juicio. ¿Qué ha pasado?

Recién hemos culminado la etapa de sobreseimientos (archivar imputaciones) y vamos a ingresar a la fase de control formal. La primera acusación la presentamos hace un año y tres meses contra 16 investigados, en la segunda fue contra 37 investigados y en esta última se comprende a 86. Esto nos da un total de 129 personas.

¿A qué se debe la demora?

Se debe a la recargada agenda de la Sala Penal Nacional, los jueces que ven criminalidad organizada son muy pocos. ¿Cómo es posible que se convoquen audiencias de dos horas de duración a la semana? Y esto es porque, según la norma, no se pueden reprogramar audiencias más de ocho días después porque sino el proceso se cae.

Usted pidió a la fiscal de la Nación que solicite al Poder Judicial la designación de jueces especializados para atender el caso Orellana. ¿En qué quedó su pedido?

La fiscal de la Nación le ha pedido formalmente al presidente del Poder Judicial, el último miércoles, que interponga sus buenos oficios para tramitar más rápido los casos de criminalidad organizada. No nos podemos demorar más.

Los agraviados por la red Orellana la cuestionan a usted porque señalan que se demora mucho en concluir el caso.

Ellos esperaban resultados y justicia, sobre todo, en tiempos menores. Pero descubrir aquello que se protegió durante doce años es complicado. Los actos de corrupción han sido importantes para esta organización criminal, para mantenerse protegidos durante todo ese tiempo.

¿Cuánto estima usted que se demoraría el Poder Judicial en emitir sentencia si se acoge su requerimiento?

En las actuales circunstancias, bajo el ritmo de los jueces, no creo que terminemos en menos de tres o cuatro años. Pero si se tomara la decisión de acoger nuestro pedido, estoy segura de que en un año tendremos las condenas.

TENGA EN CUENTA

- De acuerdo a la acusación de la fiscal Marita Barreto, el clan Orellana operó impunemente durante doce años, entre 2002 y 2014. “Hemos identificado 438 inmuebles, entre privados y públicos, que fueron apropiados por esta organización criminal”, señaló. De esa cifra, el Estado ha podido recuperar más de 200 bienes, valorizados en 600 millones de soles.

- Rodolfo Orellana Rengifo fue capturado en Cali, Colombia, en un megaoperativo internacional desplegado en 2014. “Soy un perseguido político, yo soy un abogado especializado en administración de empresa”, dijo Orellana cuando fue detenido.