Juez congeló bienes de 4 árbitros que favorecieron a Odebrecht

No solo el fiscal Germán Juárez, quien sorprendió la semana pasada con el allanamiento de 14 inmuebles, ha tomado medidas contra los árbitros que, de acuerdo a su tesis, favorecieron irregularmente a la empresa Odebrecht con laudos arbitrales que demandaron pérdidas millonarias para el Estado peruano por hasta US$254 millones. También lo hizo el procurador ad hoc Jorge Ramírez.

Desde diciembre pasado, las propiedades de cuatro de los 19 árbitros implicados en este aparente fraude están congeladas por orden del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Manuel Chuyo.

Si bien el fiscal Juárez es el que ha solicitado la aplicación de las medidas, lo hizo por pedido de la Procuraduría ad hoc, que aún está en proceso de convertirse en actor civil en el caso arbitrajes.

Las intervenciones a viviendas lideradas por Juárez en la última semana y los recursos interpuestos por Ramírez se sustentan en lo declarado por el colaborador eficaz 14-2017.

El colaborador contó que existieron reuniones de los árbitros que participarían en las contiendas legales entre el Estado y Odebrecht en la que acordaban ilegalmente sus votos en favor de la empresa brasileña.

Por supuesto, esa no era una decisión gratuita, de acuerdo al informante, ya que a cambio hubo pago de sobornos.

Hoy, por ejemplo, se realizará una audiencia en la que, a través de su defensa, el ex árbitro Fernando Cantuarias Salaverry buscará dejar sin efecto el congelamiento de diez bienes suyos, entre departamentos, autos de lujo y otras propiedades.

El colaborador manifestó que, en abril de 2012, existió un encuentro en la oficina del entonces funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Celso Gamarra Roig, en el que participaron el árbitro Horacio Cánepa; su colega Cantuarias Salaverry; y el abogado de Odebrecht, Ronny Javier Loor Campoverde.

En esa reunión se acordó someter a un “arbitraje ad hoc” los gastos adicionales en la Vía Evitamiento de la carretera Interoceánica Norte, ubicada en Tarapoto, por los que Odebrecht reclamaba más de US$28 millones. Según el delator, Loor Campoverde y Gamarra “instruyeron a Cánepa Torre y Cantuarias Salaverry para que emitan una decisión favorable a Odebrecht”.

Este diario buscó los descargos de Cantuarias, pero desde su oficina en la Universidad del Pacífico, en donde es docente y decano de la facultad de Derecho, no contestaron nuestras llamadas.

Sobre el abogado Franz Kundmüller Caminiti también pesa una medida cautelar. Son 9 las propiedades que figuran a su nombre y que ahora no puede transferir ni vender.

Según el colaborador, Kundmüller también participó de los encuentros previos a resolver los arbitrajes con el fin de “coordinar de la manera más rápida de cómo resolver el ilícito arbitraje”.

Al respecto, Kundmüller dijo en diálogo con Perú21 que lo dicho por el delator “es mentira”. “Me han calumniado, lo relatado por ese colaborador es falso; presentaré toda la documentación correspondiente y seguiremos adelante, porque nuestro ánimo es de colaborar”, declaró.

Hace una semana, la defensa del árbitro Luis Fernando Pebe Romero solicitó en audiencia que se revoque la inhibición que recae sobre tres bienes de su patrocinado. Argumentó que esa orden viola la norma porque no se ha formalizado investigación preparatoria en el presente caso y porque vulnera el derecho de presunción de inocencia.

El colaborador indicó que Cánepa Torre entregó US$30 mil a Pebe luego de emitir un laudo en favor de Odebrecht.

Respecto al caso del abogado Randol Campos Flores, según la investigación fiscal, este habría recibido US$60 mil ilícitos en tres armadas. El encargado de entregarle el dinero habría sido Horacio Cánepa.

Este diario buscó la versión de Campos Flores a través de prensa del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y desde el contacto que figura en los registos del CAL. Pero hasta el cierre de esta edición no se concretó la comunicación por ninguna de las vías. 

TENGA EN CUENTA

Los ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Jaime José Valés Carrillo y Celso Martín Gamarra Roig, también son investigados en el caso por recibir presuntos sobornos de Odebrecht.

El congelamiento de las bienes busca garantizar el cobro de la reparación civil. El fin es que los investigados no puedan eludir la acción de la justicia vendiendo o transfiriendo sus bienes a terceras personas.