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El Poder Judicial requirió al Ministerio Público y la procuraduría subsanar los defectos formales observados en la acusación del caso que involucra al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, así como la reparación civil.
Las observaciones deberán ser corregidas en un plazo de cinco días hábiles, por lo que el control de acusación quedó suspendido hasta el próximo lunes 28 de octubre.
En la audiencia de control de acusación que se llevó a cabo esta mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho señaló que la fiscalía deberá precisar los delitos fuente sobre la actividad criminal previa en la campaña del Partido Nacionalista del 2011, al tratarse de una denuncia por presunto lavado de activos.
Sobre dicho punto, el fiscal Germán Juárez indicó que la casación N°1-2017 indica que no se requiere un delito previo debido a que este no es objeto de la acusación. El juez detalló que lo que solicita el Poder Judicial es solo “una mención genérica” de los delitos.
Concepción Carhuancho también se refirió a la individualización de la pena de los once acusados del caso. Según señaló, “no se ha mencionado las circunstancias personales" de cada uno de ellos.
Sobre la incorporación del Partido Nacionalista y la empresa Todo Graph al proceso, Concepción Carhuancho advirtió que, si bien se les ha imputado el delito de lavado de activos, “no se ha especificado expresamente la modalidad de los actos de lavado, menos las razones de la misma”.
Respecto al pedido de la fiscalía para la disolución y liquidación de ambas personas jurídicas, solicitó que se detallen las razones por las que se debería llegar a dicha consecuencia. Finalmente, le recordó a Germán Juárez que no se ha pronunciado sobre los bienes incautados ni las cuentas congeladas de los afectados en el proceso.
Por el lado de la procuraduría, el Poder Judicial le pidió detallar por escrito los errores materiales que expuso durante la audiencia y especificar quiénes deberán pagar la reparación civil y bajo qué modalidad.
Asimismo, señaló que se debe precisar “el hecho generador del daño" y su relación con los daños finalmente ocasionados. También solicitó exponer el factor por el que se les atribuye responsabilidad en perjuicio del Estado a los acusados que deberán pagar la reparación civil.
