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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dejó pendiente una serie de casos que, si no se acepta el pedido fujimorista para que el subgrupo sesione durante la disolución, tendrán que ser revisados en el nuevo Parlamento.
Uno de los más polémicos es el relacionado a Pedro Chávarry. Meses antes del cierre del Congreso, la Permanente aprobó otorgarle al subgrupo un plazo de 15 días hábiles para designar a un delegado que presente un informe final sobre la denuncia de la fiscal de la Nación, Zoraida Aválos, por el supuesto delito de atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador) en el caso de la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público.
La acusación de la representante del Ministerio Público incluía el delito de encubrimiento personal y real, pero fue desestimado.
Por otro lado, quedó pendiente el informe de calificación de la denuncia presentada por Richard Arce contra Héctor Becerril (FP) por el delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y organización criminal en el caso de Los Temerarios del Crimen.
En la lista de también figura la acusación de la fiscal Zoraida Ávalos contra Roberto Vieira por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado.
Otra denuncia con informe de calificación pendiente es la realizada contra el expresidente del Congreso Daniel Salaverry. La acusación la hizo el ciudadano Carlos Quispe Gonzales por presuntamente mentir en sus informes sobre la semana de representación.
Lo que se le imputa a Salaverry es infracción a la Constitución por no dar buen uso a los recursos del Estado y delito de falsificación genérica.
César Segura, expresidente del subgrupo, indicó a este diario que todas las denuncias tendrán que verse en el próximo Congreso, pues señaló que solo están paralizadas hasta que el Parlamento retome sus funciones en 2020.
