'Caso Cócteles': Juez dictó prisión preventiva para 7 de 11 investigados

Fue el último viernes que finalizaron las audiencias por el sonado 'Caso Cócteles', que investiga a Keiko Fujimori y a otros 10 implicados, por el presunto delito de lavado de activos durante la campaña presidencial de Fuerza 2011. El juez Richard Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva para 7 de los 11 investigados, para otros 3 implicados comparecencia restringida y para una involucrada arresto domiciliario. 

Las audiencias se iniciaron con la programada para la lideresa de Fuerza Popular, a quien, el juez Richard Concepción Carhuancho, dictó 36 meses de prisión preventiva por interferir y obstaculizar el sistema de justicia, así como por haber pretendido captar un juez supremo para conseguir favores judiciales. Tras la orden judicial, Fujimori Higuchi fue conducida al Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Precisamente, la última audiencia en torno a la investigación se realizó ayer y fue en contra de Jaime Yoshiyama, a quien el magistrado dictó 36 meses de prisión preventiva y ordenó la inmediata captura. En el mismo juzgado, Concepción Carhuancho ordenó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país para el ex secretario de Economía de Fuerza 2011, Augusto Bedoya.

El juez Concepción Carhuancho afirmó que existe sospecha de que ambos procesaron habrían sido captadores de fondos, presuntamente ilícitos, camuflados para la campaña presidencial de Fuerza 2011 a través de aportantes simulados y actividades proselitistas sin sustento.

En el caso de Vicente Silva Checa, el juez también dictó 36 meses de prisión preventiva por haber sido el supuesto asesor en la sombra de Fuerza 2011 y porque habría enviado a Luis Mejía, tesorero del partido, a San Martín para instruir a falsos aportantes a fin de ocultar los aportes ilícitos de Odebrecht. Otro elemento de convicción son los documentos relacionados al Caso Lava Jato hallados en su domicilio.

A los fundadores y asesores del 2011, Ana Herz de Vega y Pier Figari, el magistrado ordenó 36 meses de prisión preventiva porque, según consideró, ambos tomaban las decisiones más importantes en la cúpula de Fuerza Popular junto a Keiko Fujimori y Vicente Silva Checa.

Entre sus decisiones, fue supuestamente, fue el de "articular redes de impunidad" a través de la toma de instituciones estatales como el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. Otra prueba en contra de Herz y Figari fue el chat La Botica, cuyas charlas evidenciaron coordinaciones fuera de lo normal entre un asesor y congresistas.

Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori, fue sindicada de ser la persona encargada de contactar a Rolando Reátegui para que busque a aportantes falsos y así ocultar entrega de dinero en efectivo. En su vivienda, la Fiscalía halló documentos que revelarían sus cercanía a la dirigencia de Fuerza Popular relacionados a investigaciones contra Martín Vizcarra, al Caso Lava Jato, a procesos contra Keiko Fujimori y a Joaquín Ramírez. Por eso, el magistrado decidió ordenarle comparencia restringida e impedimento de salida del país.

Para la ex secretaria de Economía de Fuerza 2011, Adriana Tarazona, el juez dictó 36 meses de arresto domicilio y al pago de una caución de S/20 mil. Según el Ministerio Público, fue la encargada de entregar los recibos de las aportaciones para los falsos aportantes en la campaña presidencial de Fuerza 2011.

El juez dictó 36 meses de prisión preventiva para el presunto colaborador de la organización criminal, Giancarlo Bertini Vivanco. La medida se dio tras la fuga del empresario a Bolivia, el pasado 21 de octubre. Según la tesis de la Fiscalía, a Bertini Vivanco se le entregó unos US$50 mil para que haga depósitos y conseguir firmas de personas que aparecerían como aportantes.

En la sustentación que el fiscal José Domingo Pérez ofreció en torno a Luis Mejía Lecca, ex tesorero de Fuerza 2011, afirmó que este conocía la simulación de aportes al interior del partido naranja. El juez dictó 36 meses de prisión preventiva para el investigado por lavado de activos.

Por aceptar los cargos y ofrecer su testimonio al Ministerio Público, el juez Concepción Carhuancho ordenó comparecencia restringida e impedimento de salida del país para el presunto colaborador de la organización criminal Jorge Yoshiyama Sasaki, quien admitió que buscó aportantes falsos para ocultar unos US$100 mil para la campaña del 2011. Según Yoshiyama Sasaki, lo hizo a pedido de su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general del partido, también investigado en el proceso.