Luego de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén, retara a la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) a donar los US$10 mil a los deudos de los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez y del vocal supremo Carlos Giusti, asesinados por los terroristas durante la toma de la casa del embajador de Japón en 1997, la abogada Gloria Cano salió a responder.
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"Nosotros hemos señalado el lunes, públicamente, que los US$10 mil que le corresponden a Aprodeh vamos a donarlo a una organización caritativa", dijo en diálogo con Canal N.
No obstante, al ser consultada sobre cuál era esta organización, la abogada no precisó el nombre, e indicó que su organización recién definirá la institución beneficiada en los próximos días.
NO A LOS COMANDOSPor otro lado, Cano también descartó entregar los US$10 mil a los deudos de los comandos. "Hay obligaciones del Estado pendientes por esas personas, tiene que velar por su necesidades", aseguró.
Respecto a ello, instó al Estado a cumplir con las reparaciones, y que de no hacerlo, se mostró a favor de iniciar un proceso en instancias nacionales o internacionales para que este cumpla sus obligaciones con los familiares de los comandos Juan Valer y Raúl Jiménez y del vocal supremo Carlos Giusti.
La letrada también dejó en claro que los familiares de los terroristas a los que defienden nunca les han pagado por el proceso llevado a cortes internacionales.
De otro lado, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal , calificó como una "criollada" del gobierno, que, antes de notificarse la sentencia de la Corte IDH, haya asegurado que no iba a darle un sol a ningún terrorista. Añadió que desde el año pasado, el Estado ya sabía que los deudos de los emerretistas habían renunciado expresamente a cualquier reparación.