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Carlos Amat y León: “El Estado era el responsable de distribuir el gas de Camisea”

Carlos Amat y León es profesor emérito del departamento académico de Economía de la Universidad del Pacífico desde enero de 1979. Su trayectoria como investigador lo ha llevado a obtener las Palmas Magisteriales 2021, premio que solo se les otorga a los amautas destacados que han contribuido al desarrollo del país. Esta semana acudimos a él para que explique qué hay detrás de la denominada ‘segunda reforma agraria’ del presidente Pedro Castillo. También habla claro sobre el problema alrededor del gas de Camisea y subraya cuáles deben ser las prioridades del gobierno .

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Carlos Amat y León es profesor emérito del departamento académico de Economía de la Universidad del Pacífico desde enero de 1979. Su trayectoria como investigador lo ha llevado a obtener las Palmas Magisteriales 2021, premio que solo se les otorga a los amautas destacados que han contribuido al desarrollo del país. Esta semana acudimos a él para que explique qué hay detrás de la denominada ‘segunda reforma agraria’ del presidente Pedro Castillo. También habla claro sobre el problema alrededor del gas de Camisea y subraya cuáles deben ser las prioridades del gobierno .
Hace unas semanas, el presidente Pedro Castillo hizo el lanzamiento de la ‘segunda reforma agraria’. ¿Cómo es esta propuesta realmente?
El título está mal planteado. Lo que han anunciado es lo que le da sentido y contenido al nuevo nombre del ministerio de Agricultura que ahora se llama Desarrollo Agrario y Riego. El desarrollo es organizar y apoyar la asociatividad de los pequeños agricultores, que son los que predominan en el sistema económico agrario. La lectura del contenido de los ejes de su propuesta es desarrollo agrario y eso significa potenciar a los pequeños productores con mejores prácticas para que sean competitivos. La logística de comercialización debe ser modernizada para que puedan llegar a los mercados urbanos con eficiencia.
¿Qué puede hacer el Estado para darles herramientas a los pequeños agricultores que están a lo largo del país? ¿Qué es lo que necesitan para entrar a mercados nacionales o exportar?
Le cuento un caso. Un grupo de pequeños agricultores cuyo promedio era 10 hectáreas en la pampa de La Joya y Majes en Arequipa, por su asociatividad y su capacidad de aprendizaje, ahora son exportadores de ajo y cebolla al centro y norte de Brasil. Con su propio esfuerzo organizado de aplicar semillas certificadas. Además, ellos piden autogravamen al pagar el agua a la junta de regantes, la junta les descuenta un porcentaje y eso va a una cuenta de ahorro para que con eso se pueda financiar su asistencia técnica, su capacitación y la compra de insumos con prácticas agrícolas de alta eficiencia. Es un claro ejemplo de asociatividad por propia iniciativa que se debe replicar en todo el Perú.
¿Cómo se replicaría?
Para replicar esto, se necesita una agencia agraria de desarrollo en cada microcuenca trabajando con cada población. Ellos podrán negociar directamente con los mayoristas, los mercados y dar el gran salto por encima de los acopiadores, que son los que se llevan la mayor tajada del precio del producto que paga el consumidor.
Habla de una agencia agraria de desarrollo. ¿Cuál es la entidad que debe encargarse de diseñarla y dirigirla?
Esa es una decisión política. Se debe recuperar la agencia agraria que operaba antes de la reforma agraria de 1969. Han pasado 50 años de discursos electorales y nunca hemos visto una agencia con staff profesional de campo que codo a codo con los campesinos trabaje el área productiva. De allí se debe gerenciar la venta de productos vía electrónica en una bolsa de productos en el mercado mayorista de Santa Anita o en los mercados internacionales. Para esto debe haber una gerencia que los vincule con las ferias aquí o en el extranjero para que los productores peruanos puedan asistir. Eso no hay para el pequeño agricultor. No se le contacta con los mercados urbanos. La pandemia ha generado el incremento del comercio electrónico, pero, para llevar esta plataforma a los pequeños agricultores, se debe crear estas agencias y así pasar por alto a los acopiadores, a los intermediarios porque eso desfavorece el intercambio entre el campo y la ciudad.
Hace unos días estuvimos en Ica gracias a la invitación de los jornaleros y agroexportadores que trabajan en esa región. Muchos de los trabajadores con los que conversamos señalan que el nuevo régimen laboral agrario no les ha beneficiado como ellos pensaban y que mejor estaba el régimen anterior. ¿A qué cree que se debe eso?
Allí el foco debió ser darle mayores capacidades a la Sunafil para que supervise los contratos laborales y las condiciones de trabajo de los jornaleros que, por la estacionalidad lógica del sistema productivo agrario, trabajan temporalmente. El punto clave en el agro es construir institucionalidad en todas las cuencas y los valles del país. Hay una demanda de mano de obra y trabajadores con diferentes habilidades y competencias en momentos muy puntuales de la campaña agrícola. Tiene que haber una diversidad de tipos de contrato por región y por producto, porque son mundos diferentes. La respuesta institucional debe ser manejar esa diversidad.
Estas últimas semanas se ha hablado de la renegociación del contrato de Camisea. ¿Cuál es el fondo de ese tema?
Nuestro problema es no ver como sistema los problemas. En Camisea hay un responsable de la exploración y producción del gas, hay otro actor que se encarga del transporte hasta Pampa Melchorita y otro es el que está en Pisco, el que exporta ese gas como líquido. Hay un compromiso de beneficiar con una fuente energética más barata y eficiente a las cocinas de las familias del país. El objetivo de la política energética era atender a las poblaciones distribuyendo el gas al mayor número de peruanos.
¿Quién era el actor responsable de esa distribución?
El actor que tenía como tarea difundir el gas era el Estado. Me temo que el responsable de que no se tenga mayor disponibilidad de gas en los hogares y las industrias del país es el Estado, porque no ha hecho las inversiones ni los contratos para distribuirlo y dar financiamiento a las familias, así como se dio a los transportistas para poner gas a sus autos. El actor que debió invertir en la construcción de ductos para las diferentes ciudades es el Estado. El foco del problema es cómo se hace un nuevo contrato para la distribución del gas a Cusco, Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua.
En estos casi tres meses de gestión, ¿cómo ve el gobierno de Castillo?
Creo que estamos peleando qué jinete se sube a qué caballo y no si el caballo está en capacidad de correr. Lo inmediato ahora es la salud y seguir con la vacunación. Después, que se acelere la educación personalizada. Esas son las metas que todos debemos estar apoyando.
¿Qué piensa del nuevo ministro de Educación?
No lo conozco y le auguro los mejores éxitos porque la educación es el eje del desarrollo del país. El cambio del país es el cambio de nuestras calidades, habilidades, conocimientos y destrezas como peruanos. Espero que el nuevo ministro sea apoyado con sugerencias y propuestas que se puedan discutir en el Congreso.