El próximo alcalde de Lima será uno de los 21 candidatos que se inscribieron hasta el último martes ante el Jurado Electoral Especial (JEE). Una cifra histórica y sin precedentes en un proceso electoral capitalino que, en esta oportunidad, se realizará el 7 de octubre.
El siguiente paso es que el JEE evalúe si los postulantes cumplen con los requisitos formales para tentar el sillón municipal, que a fines de año dejará el actual burgomaestre, Luis Castañeda Lossio.
Ayer, el propio órgano informó que, hasta el momento, solo la lista del partido Siempre Unidos –que tiene como representante al alcalde de San Isidro, Manuel Velarde– había sido admitida porque presentó con anticipación su candidatura.
Uno de los impedimentos para que un ciudadano participe en la campaña es que tenga una sentencia firme en su contra, pero no lo es el tener un proceso abierto, así sea de corrupción o de algún otro delito grave.
Con antecedentes
Entre la veintena de políticos que aspiran a ser autoridad edil, un gran número tiene o ha tenido problemas con la justicia. Ese es el caso de Enrique Cornejo, candidato por Democracia Directa.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar al ex ministro de Transportes, junto al ex presidente Alan García, por su participación en la licitación del Metro de Lima, una obra por la que Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos durante el segundo gobierno aprista.
El ex funcionario ha señalado en distintas ocasiones que es inocente y que lo demostrará en los fueros correspondientes.
Sobre Gustavo Guerra García, postulante de Juntos por el Perú, recae una sanción de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por cinco años. El castigo fue impuesto por Protransporte, entidad que Guerra García dirigió siendo funcionario villaranista.
Según la sanción, el ex servidor participó en la aprobación irregular de licitación de corredores complementarios en 2014. “Esa sanción no tiene ni pies ni cabeza, solo el concejo municipal puede sancionar de esa manera. Esta es solo una maniobra del alcalde Castañeda para sacarme de carrera”, manifestó a este diario.
El candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, afronta actualmente un juicio oral por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos. El ex ministro ha negado las imputaciones de la Fiscalía, pero será el Poder Judicial el encargado de aclarar su situación legal.
Hay que decir que el dueño del partido de Urresti, José Luna, está involucrado en la aparente inscripción irregular de la misma agrupación política ante la ONPE.
Según registros de la Fiscalía –a los que accedió Perú21 – Enrique Ocrospoma, el candidato de Perú Nación, ha tenido innumerables procesos y algunos de ellos aún están abiertos. Uno de esos es por desobediencia y resistencia a la autoridad, pero también ha figurado en denuncias por colusión desleal y abuso de autoridad.
Este diario intentó comunicarse con Ocrospoma, pero desde su entorno señalaron que estaba fuera del país.
De acuerdo con la misma información fiscal, Juan Carlos Zurek tiene investigaciones por abuso de autoridad, usurpación y omisión de actos funcionales. Zurek postula por Somos Perú y es actual alcalde de La Molina. El funcionario fue muy cuestionado por impedir –con sus propias manos– que un vecino filme una audiencia pública del concejo municipal de ese distrito. Tras ese hecho, aseguró que su gestión es transparente.
A Roberto Gómez Baca, la propuesta edil de Vamos Perú, se le relacionó con el resguardo irregular a la casa del ex asesor presidencial Óscar López Meneses, ubicada en Surco, distrito del que es alcalde. La Fiscalía también lo investigó por lavado de activos por la presunta compra subvaluada de un departamento.
El representante de Avanza Perú, Julio Gagó, fue investigado, siendo congresista del fujimorismo, por las presuntas contrataciones que hizo una empresa vinculada a la suya con el Estado. Se le atribuyeron los delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible, pero, pese a ello, su proceso fue archivado.