La Cámara de Comercio de Lima demandó al Congreso de la República la modificación de la recientemente promulgada ley que modifica artículos del Código Penal y otros normas respecto al crimen organizado. Como se recuerda, la norma fue aprobada por el Parlamento y no fue observada por el Ejecutivo.
En opinión de la Cámara de Comercio de Lima la disposición genera "trabas a la justicia en su lucha contra las organizaciones criminales y desalienta la iniciativa de los emprendedores y empresarios para iniciar negocios".
"Esto tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. No podemos retroceder en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado", señaló la entidad gremial.
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Cuestionó que se condicione la tipificación de organizaciones criminales a quienes controlan la cadena de valor de un mercado o economía legal. "Dicha medida dejaría fuera a quienes cometen delitos de extorsión, secuestro y asalto" que en los últimos tiempos han generado zozobra entre la población.
Además, criticó que se haya dejado fuera a 59 de los 91 delitos penales considerados graves, entre los que se encuentran enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo, soborno internacional pasivo, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de órganos, tala ilegal, entre otros.
La institución añadió que la norma —ya publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano— "carece de sustento técnico al extremo de haber modificado una ley derogada referida al allanamiento de viviendas e inmuebles".
"La Cámara de Comercio de Lima considera que si una norma anterior podía generar algún abuso, esto se puede corregir, pero no se debe ir al extremo, debilitando la lucha contra el crimen organizado. En tanto no se corrija la norma los jueces tendrían la atribución constitucional de aplicar el control difuso, esto es que, durante un proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces optarán por la primera, inaplicando según sea el caso la norma promulgada", advirtió.
Prosiguió diciendo que la disposición "abre un camino a la impunidad donde la delincuencia organizada" y "al ser una problemática trasnacional, atenta contra el crecimiento económico del país".
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