La procuraduría del Ministerio del Interior solicitó al fiscal superior Rodolfo Huamán, titular de la Segunda Fiscalía Penal de Abancay, impugnar el fallo que excarceló a los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, exasesores de las comunidades campesinas de la zona de influencia de Las Bambas.
“Con este precedente se afecta gravemente la lucha denodada que viene realizando el Ejecutivo y sus Procuradurías Públicas en contra de la criminalidad organizada”, reza el respectivo oficio remitido el último viernes.
“Hacemos la invocación para que, dentro del plazo de ley, su despacho emita la impugnación contra la mencionada resolución a través de un recurso de nulidad o casación para que la Corte Suprema vea en última instancia las irregularidades”, acota la procuraduría.
Ayer se conoció que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, dispuso la liberación de los procesados por el presunto delito de extorsión y organización criminal en agravio de la minera MMG Las Bambas. Ambos venían cumpliendo una orden de prisión preventiva de 36 meses desde el 3 de abril.
De acuerdo a la resolución judicial, los indicios que brindó el Ministerio Público no tienen un contenido de sospecha grave. Este punto es cuestionado por la procuraduría en un punto donde resaltan las declaraciones brindadas por testigos protegidos.
“Tampoco ha sido materia de grado el Registro de Intervención de las Comunicaciones, pues la Sala ha afirmado que son solo transcripciones de escuchas y que no se halla corroborada con diligencia pericial”, se cuestiona este extremo como un adelanto de opinión.
“Tenemos otros asesores”
Gregorio Rojas, presidente de Fuerabamba, señaló en diálogo con Perú21 que las comunidades de Cotabambas están “tranquilas” con la resolución judicial sobre sus exasesores.
Sobre la posibilidad de que vuelvan a requerir los servicios de los hermanos Chávez Sotelo, el dirigente no adelantó posición. “Hasta el momento tenemos otros asesores”, dijo.
Defiende amnistía
Rojas respondió las críticas, principalmente de Fuerza Popular, que recibe el proyecto de ley que ayer presentó el congresista Richard Arce (Nuevo Perú) para amnistiar a los comuneros involucrados en protestas contra la minera MMG.
“Los señores de Fuerza Popular, los naranjas, exactamente qué quieren ellos, ¿quieren encarcelar a los dirigentes?, ¿quieren matar a la gente?, ¿quieren que haya mina? No sé cómo estarán pensando, nosotros no sabemos, por esas razones creo critican”, apuntó.
El portavoz del grupo fujimorista, Carlos Tubino, sostuvo en comunicación con este diario que la iniciativa legislativa se debatirá como corresponde, pero, personalmente, dijo estar en desacuerdo con la fórmula planteada.
“Al dar una amnistía se abre una caja de pandora y vendrán otros reclamos de otros lugares, porqué para unos sí, para otros no. Así de simple. Es un tremendo riesgo asumir la amnistía”, argumentó.
El presidente de Fuerabamba remarcó en otro momento que es necesario que se supere el primer punto de su pliego de reclamos, sobre las denuncias contra pobladores, para poder avanzar con los temas pendientes de toda la plataforma.
“El primer punto es lo que nos está atajando todo, después todo viene con tranquilidad y eso es lo que se ha comprometido el Estado peruano para estar junto con las comunidades de hoy para adelante. (…) No se puede avanzar (con los otros puntos hasta que se resuelva la amnistía), por eso confiamos, seguimos confiando en nuestros gobernantes”, finalizó.