Solo un día después de que la turba dejó bajo escombros el campamento minero Apumayo, último viernes 29 de octubre, la Prefectura de Ayacucho reportó que se vendían en las calles los bienes hurtados a la unidad minera. La turba de 500 manifestantes, aproximadamente, se apostó contra la comisaría de Coracora, y ante la presión, liberó a 12 detenidos. Al respecto, el gerente de Apumayo Guillermo Shinno manifestó a este diario que esa decisión es un mal ejemplo que podría paralizar la actividad minera en otras zonas.
“Al liberar a los responsables están buscando impunidad por parte de quienes han participado en estos hechos criminales. Pedimos se sancione e identifique a los responsables y que les caiga todo el peso de la ley. Este es un mal ejemplo que podría paralizar la actividad minera en otras zonas. Solicitamos al Gobierno el restablecimiento del Estado de Derecho”, expresó Shinno en entrevista con Perú21TV.
Asimismo, el directivo señaló que la paralización de la actividad minera afecta a 3 mil trabajadores que laboran en esa compañía, así como los ingresos para el fisco, que significan unos 5 millones de soles mensuales.
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“Los principales perjudicados son nuestros trabajadores, estamos hablando de 3 mil personas que de forma directa o indirecta trabajan con nosotros. Al continuar paralizados se deja de tributar 05 millones de soles mensuales de impuestos al estado. Aún no tenemos fecha exacta de retorno, estamos realizando trabajos de limpieza. Han quemado aproximadamente 40 camiones volquetes, 02 retroexcavadoras,01 cargador frontal, 06 camionetas y toda la infraestructura, los campamentos, comedores, pozas y tanques de combustible que por suerte no llegaron a explotar. Finalmente, la cantidad de explosivos que fueron robados y no sabemos que destino le darán”, añadió.