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Audiencia de control de acusación por caso gasoducto será en marzo
La Fiscalía acusa al ex funcionario de Proinversión, Edgar Ramírez, y a la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama, por el delito de colusión agravada.
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Entra en su etapa final. El próximo 19 de marzo será la audiencia de control de acusación del caso gasoducto I, que está a cargo del fiscal Reynaldo Abia, y en el que se acusa de colusión agravada al ex funcionario de Provinversión Edgar Ramírez Cadenillas y a la ex representante de Odebrecht, Claudia Hokama.
Así lo confirmaron fuentes de Perú21 en el Ministerio Público. La jueza Ingrid Morales, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, decidirá si los elementos de prueba presentados por el fiscal Abia son suficientes para que la investigación pase a juicio oral.
De acuerdo a la acusación fiscal, a la que accedió este diario, Ramírez y Hokama se coludieron para favorecer, durante el gobierno de Ollanta Humala, a la empresa Odebrecht con la licitación del millonario proyecto Gasoducto del Sur.
El ex funcionario de Proinversión “faltó al principio de neutralidad al haberse concertado con Claudia Hokama” para beneficiar a la firma con la concesión, que fue otorgada en junio de 2014
¿Cómo se habría materializado ese favorecimiento? Según la Fiscalía, y como lo informó este diario en su momento, Proinversión "descalificó irregularmente" al consorcio con el que competía Odebrecht.
Esta maniobra generó, según la investigación, un perjuicio de US$136 millones para el Estado. Ese monto es la diferencia entre la propuesta económica que entregó el consorcio integrado por la compañía brasileña (US$7,328 millones) y la de su competencia (US$7,192 millones).
Para el fiscal Abia, los investigados llegaron al instante de la licitación de la obra con una relación laboral cercana y fortalecida por los trabajos en los que coincidieron en años anteriores.
Las fuentes fiscales indicaron a Perú21 que tanto Edgar Ramírez como Claudia Hokama presentaron recursos para anular la acusación. Ramírez solicitó el archivamiento de la indagación alegando que no existen elementos de convicción que lo involucren con los delitos que le atribuyen, que además de colusión agravada le imputan negociación incompatible.
Hokama, por su parte, interpuso una excepción de improcedencia porque considera que no incurrió en colusión.
Este diario intentó comunicarse con ambos personajes. La defensa de la abogada no contestó nuestras llamadas, mientras que la agencia que representa al ingeniero de hidrocarburos quedó en devolver la comunicación, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
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