Luego que la Corte Suprema aceptara, el pasado 8 de agosto, el requerimiento de impedimento de salida del país por ocho meses contra el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, a quien se le investiga por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, cohecho activo específico, y organización criminal, en perjuicio del Estado; la defensa apeló el pedido.
El abogado defensor Rodas Tenorio fundamentó la solicitud argumentando que se vulneró el derecho al acceso a un juez imparcial, puesto que el magistrado que expidió la resolución recurrida (Nuñez Julca) es testigo en el proceso que se le sigue a Gálvez por el delito de tráfico de influencias.
Además, señala que se transgredió el principio de legalidad procesal, debido a que se combinaron normas. También observó que la medida requiere audiencia porque el plazo del impedimento de salida del país se fijó en ocho meses, cuando “solamente debió imponerse hasta quince días”.
Tenorio agregó que no se sustentó la necesidad de la medida (que el investigado dificulte la averiguación de la verdad), cuando Gálvez Villegas acudió de manera voluntaria a declarar con la finalidad de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, la defensa señala que no se presentaron elementos de convicción que permitan establecer que el investigado intentó o intentaría ausentarse del país, tampoco se tomó en cuenta que actualmente desempeña el cargo de Fiscal Supremo Titular.
Ante estos argumentos se declaró nulo el impedimento de salida del país y se ordenó que el juez de Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria convoque a la audiencia respectiva.