Cenares favoreció a hermano de Aníbal Torres sabiendo que empresa estaba inhabilitada

Fecha Actualización

08/09/2022 - 10:36

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) –del Ministerio de Salud– sí sabía que Aldem SAC, empresa del hermano del premier Aníbal Torres, estaba inhabilitada para contratar con el Estado desde el 20 de abril de este año, antes de favorecerla con una adenda cinco días después de esa sanción impuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Así lo confirmó el mismo OSCE a Perú21 al absolver distintas consultas sobre ese proceso administrativo. De esta manera, la versión brindada a este diario, para un reportaje de agosto último, por el director del Cenares, José Gonzáles Clemente, queda sin piso.

Aquella vez, Gonzáles dijo que, para el 25 de abril, fecha en la que se suscribió la adenda que permitió a Aldem ampliar hasta 2023 su servicio de alquiler de almacén al Cenares, no sabía del impedimento dictado. Y que recién conoció de la medida cuando se confirmó la primera resolución en segunda instancia, el 24 de mayo.

No obstante, el OSCE aclaró que el mismo 20 de abril que emitió la sanción contra Aldem, también notificó esa decisión al Cenares, que depende del Ministerio de Salud, “a través del sistema electrónico” de su tribunal.

“El impedimento se configuró porque el señor Víctor Antonio Torres Vásquez era apoderado de dicha empresa y se suscribió el Contrato N° 861-2021-CENARES/MINSA, ‘Servicio de alquiler de local para uso como almacén de cajas térmicas’, por el monto ascendente a S/35,000", especificó el OSCE.

La Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) estipula en su literal d) del artículo 11 que están impedidos de contratar con entidades públicas “el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad” de ministros y viceministros.

Solo este año, durante el gobierno de Castillo, Aldem SAC ha facturado 2 millones 359 mil 200 soles bajo tres órdenes de servicio. Pero dos de estas últimas órdenes le fueron giradas cuando ya tenía una sanción.

El OSCE también precisó que, a la fecha, Aldem tiene la inhabilitación vigente hasta el 24 de setiembre de este año.

La semana pasada, el primer ministro, Aníbal Torres, arremetió contra quienes ponen en cuestión que su hermano consiga estos beneficios pese a lo que señala la ley.

“Mi hermano es un empresario. Claro que como empresario tiene ingresos en la actividad privada, pero también en su almacén; y si gana millones, ese es el peruano, nos mata la envidia. Muéranse de envidia los que están en contra de eso”, declaró.

En tanto, el representante de la empresa Aldem, Bruno Montoya, expresó en radio Exitosa que no incumplieron la ley porque, según su interpretación, la infracción procede solo si el contrato se suscribe con el mismo sector en el que se encuentra el hermano de Víctor Torres.

El contrato que llevó a la sanción se firmó el 27 de octubre de 2021, cuando Aníbal Torres era ministro de Justicia. Según Montoya, el castigo no procede porque su compañía cerró un acuerdo comercial con el Ministerio de Salud.

Con él no es

Puesto al tanto de la información proporcionada por el OSCE a este diario, el director del Cenares señaló a través de un escrito que no fue informado por su propia gente de la inhabilitación de Aldem cuando suscribieron la adenda del 25 de abril.

“Se ha dispuesto que las áreas involucradas informen: i) las razones por las cuales no fueron informadas a mi despacho, ii) de ser el caso, se dispondrá las acciones correctivas que sean necesarias”, comunicó.

Sobre la aplicación de la adenda, José Gonzáles insistió en que no se vulneró la norma porque esta solo impide a la compañía registrar nuevos contratos el tiempo que dure la sanción. En esa línea, refirió que la adenda no es un nuevo contrato, sino “una prestación adicional”.

Gonzáles dijo que tampoco fue irregular acordar la adenda con la compañía pese a la sanción porque, para ese mes de abril, la resolución del OSCE fue emitida en primera instancia.

“Por más que exista una resolución de sanción en primera instancia, esta no surtió efecto hasta que fue declarada firme, es decir desde el 24 de mayo al 24 de setiembre de 2022", alegó. En otras palabras, Torres sigue facturando con el Estado y es posible que lo siga haciendo.

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