El artículo cuarto del Pacto de San José dice que los países que han abolido la pena de muerte no la pueden volver a implantar y nuestro país la abolió en el año 1978. Es decir, jurídicamente es imposible.
Salirse del Pacto tiene un año de moratoria. Seríamos un país considerado poco probable para la defensa de los derechos humanos fundamentales. Nos pelearíamos con la Comunidad Europea, en realidad con todo el mundo.
No está probado que la pena de muerte sea disuasiva ni que, además, ayude a eliminar los delitos. Los márgenes de error judicial son muy grandes, la controversia sería mucho mayor.