La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla, indicó que el uso de grillete electrónico permitirá mantener vigilados a Jorge Cuba y Edwin Luyo. (Foto: GEC)
La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Revilla, indicó que el uso de grillete electrónico permitirá mantener vigilados a Jorge Cuba y Edwin Luyo. (Foto: GEC)

Redacción PERÚ21

redaccionp21@peru21.pe

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, , señaló que la excarcelación de Jorge Cuba y Edwin Luyo, exfuncionarios denunciados por lavado de activos y corrupción en el caso Metro de Lima, es en cumplimiento de la orden judicial.

“En el caso de ellos (Jorge Cuba y Edwin Luyo) la excarcelación es porque el juez los dispone. El Ministerio de Justicia no puede hacer absolutamente nada, solo tenemos la responsabilidad de cumplir el mandato judicial”, comentó en declaraciones a Canal N.

Tanto Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García, y Edwin Luyo, fueron excarcelados esta mañana por decisión del Poder Judicial, el cual determinó que se venció el plazo de prisión preventiva contra ambos procesados luego de 30 meses.

Ambos abandonaron los penales de Ancón I y Ancón II luego de que se concretara la instalación de los grilletes electrónicos, tal y como dispuso el juez Richard Concepción Carhuancho.

“El grillete electrónico hay que usarlo y es parte de las medidas que se pueden usar. Puede facilitar el no tener a la persona en prisión pero se le tiene en su domicilio, identificada y ayuda para poder mantenerla vigilada”, señaló Ana Revilla.

El fiscal José Domingo Pérez, a cargo del caso Metro de Lima, ha presentado su denuncia por los delitos de lavado de activos y corrupción contra Jorge Cuba, Edwin Luyo y otros investigados, en junio de este año. Hasta la fecha, todavía no se ha programado el inicio del control de acusación para posteriormente pasar a la etapa de juicio oral.

El fiscal Pérez acusó y pidió 25 años y 10 meses de prisión para Cuba, Luyo y otros implicados en el caso por el delito de lavado de activos. En octubre, solicitó en su segunda acusación, una pena de 11 años con ocho meses para Cuba por colusión y tráfico de influencias.