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Allanan residencia del exjefe de la Región Policial Lima

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En el marco de las investigaciones por el presunto direccionamiento y sobrevaloración en la compra de productos de bioseguridad y agua embotellada, así como el servicio de fumigación y desinfección ante el COVID-19, ayer le tocó el turno a la Región Policial Lima. La casa del general PNP Herbert Ramos Ruiz, exjefe de esta unidad policial, y otras 25 residencias –de oficiales, suboficiales y de proveedores– fueron allanadas por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y la División de Alta Complejidad (Diviac).
Los delitos que se investiga en este caso son colusión agravada y falsificación de documentos.
Los allanamientos se realizaron en forma simultánea, desde las seis de la mañana, en 15 distritos de Lima, además de Junín y Lambayeque, en un operativo en el que participaron 32 fiscales anticorrupción y 130 policías de la referida unidad policial.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra el del general PNP Herbert Ramos, ubicado en la cuadra uno del jirón Las Colinas, en Surco, y el de su exjefe de Logística, comandante PNP Alfonso Huilca.
Así también las propiedades del coronel PNP Edgar Poma Matos, el mayor PNP Juan Valderrama Alva y otros agentes policiales y particulares de la Región Policial Lima.
Además, hubo registro personal y domiciliario en las viviendas de los proveedores Mónica Patricia Carhuapoma Díaz (Azur Servicios SAC), Juan Alfredo Chávez Parodi (DMA Servicios SRL), Malena Stefanny del Rocío Bazán Solier (Uniform Sniper EIRL), Martín Ernesto Solano Sosa (M$S Group SAC), Trinidad del Carmen Bejarano Macedo y Anya Milagros Esquen Gumer.
De acuerdo con las pesquisas preliminares, se presume que durante la emergencia sanitaria se habría contratado de manera directa a empresas cuyos representantes tendrían vínculos con el general PNP Herbert Ramos Ruíz y con el personal policial que labora junto a él.
Tenga en cuenta
-Según las investigaciones, los proveedores tendrían diversa actividad económica que difiere de lo requerido en el rubro de objeto de contratación.
-Además, los bienes y los servicios contratados tendrían precios superiores a los que ofrecía el mercado en el contexto que se produjo la compra.
-La Fiscalía pidió la detención preliminar de 10 de los investigados por siete días, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los implicados, pero fue declarado infundado por el 2do. Juzgado de Investigación Preparatoria.