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El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado pedido de prescripción del delito de tráfico de influencias para el prófugo expresidente Alejandro Toledo.
Tomó esta decisión luego de indicar que para que este delito prescriba tienen que pasar un plazo de 8 años, y en este caso se presume que último pago que habría recibido el ex presidente Alejandro Toledo habría sido en el 2010.
Concepción Carhuancho precisó que el delito de tráfico de influencias y el de lavado de activos no pueden ser tomados por separados, ya que van ligados.
La defensa del ex presidente Alejandro Toledo apeló la decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
Durante la audiencia, Roberto Su, abogado del ex mandatario, aseguró que, según la hipótesis de la Fiscalía, Toledo y Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, se reunieron en noviembre del 2004 en Río de Janeiro (Brasil) para pactar el pago de US$20 millones para la adjudicación de la carretera Interoceánica a la constructora.Siguiendo esa línea, el letrado indicó que es en esa fecha cuando se consumó el tráfico de influencias y, por tanto, el delito ya prescribió, porque ya transcurrió los 8 años de plazo.
El Ministerio Público sostuvo que, en realidad, el delito se consumó cuando Alejandro Toledo recibió el pago de los sobornos por parte de Barata, ya que "cierra el círculo delictivo".
"El delito se consuma con el hacer dar (la entrega de dinero), no con la promesa de interceder. Según la investigación preliminar de la Fiscalía, el dinero se entrega a Toledo a través de las empresas de Joseph Maiman entre el 2006 y 2010. Esta es la fecha desde que se debe contar los 8 años para prescripción", apuntó el fiscal Sergio Jiménez Niño, adjunto de Hamilton Castro.
Para Jiménez, el delito no ha prescrito, por lo que se debe declarar infundado el pedido de la defensa de Alejandro Toledo.
EL juez Concepción reiniciará la audiencia para comunicar su decisión a las partes. Recordemos que el Ministerio Público le imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos al ex jefe de Estado.
