Alejandro Toledo: ¿Hay peligro de que prescriban sus presuntos delitos?

Alejandro Toledo es un prófugo de la justicia peruana desde el 9 de febrero del 2017, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex mandatario por presunto tráfico de influencias. La Fiscalía acusa al ex presidente de haber recibido presuntamente US$20 millones en sobornos de la empresa Odebrecht a cambio de la concesión de la carretera Interoceánica Sur.

En abril del mismo año, el Poder Judicial dictó una segunda orden de prisión preventiva contra Toledo Manrique por el presunto delito de lavado de activos en el marco de las investigaciones por el Caso Ecoteva. Al ex presidente, quien vive actualmente en Estados Unidos, se le imputa en este proceso haber hecho millonarias compras inmobiliarias a través de su suegra Eva Fernenbug con dinero que provendría de aparentes actos de corrupción.

Tras dos años de emitidas estas órdenes, surgen varias preocupaciones naturales. ¿Cuándo prescribirían los presuntos delitos? ¿Podrá ser extraditado de Estados Unidos antes que venzan estos plazos?

Según explicó el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el delito de tráfico de influencias por las presuntas coimas de Odebrecht prescribiría el 2020; mientras que en el caso de lavado de activos (Ecoteva) la prescripción llegaría recién en el año 2035.

De acuerdo con la versión de la Fiscalía, el último pago que habría recibido Alejandro Toledo fue en el 2010, año desde el cual comenzaría a correr el pazo de prescripción.

Cabe señalar que respecto al Caso Ecoteva, el delito tendría una pena de hasta 20 años de cárcel y podría agravarse (cinco años más de prisión) si se considera que fue cometido como crimen organizado.

"Creo que en la práctica es materialmente imposible, por lo menos en los términos que nos han planteado, que prescriba", indicó Lamas Puccio.

Similar opinión tuvo la penalista Romy Chang, quien consideró que si bien el presunto delito de tráfico de influencias prescribiría el 2020, en el caso de la investigación contra el ex mandatario por lavado de activos se “estaría hablando de un plazo de acá a 15 años por lo menos”.

La especialista estimó que, en la práctica, Alejandro Toledo será extraditado al Perú mucho antes de que prescriban sus presuntos delitos.

El conteo de la prescripción Respecto al plazo de la prescripción, Lamas Puccio indicó que el procurador del Estado debería solicitar al Poder Judicial que se suspenda el conteo de dicho plazo, algo que solo podría aplicarse con el nuevo Código Procesal Penal.

"Lo que se debería haber gestado es que, en la investigación a Toledo, se suspendan los plazos de prescripción. Yo no sé si eso lo ha pedido la procuraduría, pero debió haberlo pedido. Como a Toledo le están haciendo dos procesos, uno con el antiguo y otro con el nuevo, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el procurador debía haber exigido que se suspendan los plazos de la prescripción hasta que sea capturado y extraditado", manifestó.

Romy Chang señaló que debería ser el fiscal quien pida al juez la suspensión de la prescripción de los delitos. Sin embargo, indicó que este tipo de medidas “son polémicas” porque contravendrían lo establecido en el artículo 83° del Código Penal.

“Algunos plantean el tema de que la prescripción debe suspenderse y, por tanto, hacer como un 'stand by' y decir que todo lo que demora en traerlos no debería contabilizarse en el plazo. Lo podría pedir el fiscal en caso estuvieran ante un juicio. Esto es polémico porque también el Código Penal en el artículo 83, en la parte final, dice que en todo caso el delito prescribe cuando haya transcurrido la pena máxima más la mitad”, explicó.

Finalmente, Chang precisó que las órdenes de captura como las que pesan sobre el ex presidente caducan cada 6 meses; no obstante, al no concretarse la detención, estas se renuevan “de trámite” y no tendrían por qué afectar el proceso de extradición contra Alejandro Toledo.