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Alejandro Soto se aferra al cargo contra viento y marea
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No le entran balas. Una vez más el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, evadió a los periodistas y, a través de una declaración de apenas un minuto al canal del Congreso —sin repreguntas—, insistió en aferrarse al cargo minimizando la seriedad de las denuncias en su contra y amparándose en documentos que no lo eximen de inconductas éticas y morales e, incluso, posibles delitos.
En su alocución, el legislador de Alianza para el Progreso (APP) se presentó como un “ciudadano respetuoso de los derechos que tenemos todos nosotros” y expresó su disposición, como si fuera una deferencia especial, de bajar “al llano” para demostrar —dijo— “que no he cometido ningún delito, (que) no estoy inmerso en ningún impedimento de carácter legal”.
En esa línea, el parlamentario cusqueño invocó a la ciudadanía y a sus colegas de las distintas bancadas a “ser respetuosos con lo que dicta el Poder Judicial” y, en ese contexto, se escudó en los certificados de antecedentes penales, policiales y judiciales e inclusive en el registro de deudores de reparaciones civiles que ha presentado y que, arguyó, “demuestran que tengo legitimidad para desempeñar la funcion pública”. “Yo me muestro firme, transparente y con documentos ante el país, y que el país conozca que acá estoy por decisión y el voto de los congresistas…”, arguyó.
Dicho apoyo, sin embargo, pareciera que se va diluyendo aunque todavía lentamente entre las bancadas del llamado Bloque Democrático que respaldaron su llegada a la presidencia del Legislativo. En la víspera fue Adriana Tudela de Avanza País, quien expresó su preocupación por la complicada situación del titular del Congreso. Ayer le tocó el turno a su colega de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, quien comentó que espera que Soto pueda aclarar las denuncias en su contra “o tendrá que dar un paso al costado”
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, confirmó que este jueves ese grupo de trabajo tomará conocimiento formal de las denuncias contra Soto por tres casos específicos: la contratación de su cuñada Yeshira Peralta Salas en su despacho congresal, su respaldo a una ley que finalmente lo favoreció en el Poder Judicial y los supuestos aportes de sus trabajadores para una campaña que mejorara su imagen.
“Vamos a ser objetivos e imparciales y colocar la máxima sanción que corresponda y acelerar todos los procesos, la máxima sanción es 120 días, queda en la conciencia de cada congresista”, comentó.
TENGA EN CUENTA
- El congresista Diego Bazán sostuvo que “hay que eliminar el falso espíritu de cuerpo” entre los legisladores y sancionar con drasticidad las faltas éticas.
- Añadió que planteará mayor celeridad en revisión de denuncias contra parlamentarios ‘mochasueldos’.
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