Alejandro Soto, presidente del Congreso, continúa siendo blanco de cuestionamientos, esta vez por una nueva denuncia en su contra; por utilizar a los asesores de su despacho para responder a las críticas en redes sociales sobre su gestión.
El primero de todos es peculado, que sanciona a los funcionarios públicos que abusan de su cargo y que utilizan los recursos del Estado que corresponden a la administración pública para fines ajenos, distintos, a esa función, y ese delito tiene una pena que puede llegar hasta los 8 años de cárcel. Pero también se podría sumar el delito de concusión. Porque pareciera que los estaría contratando para algo distinto, y al ser así podría pedirles o quitarles dinero indebidamente, parecido a los ‘mochasueldos’. Eventualmente, también podría haber un tema falsedad genérica porque le está mintiendo al Congreso. Le está diciendo que utiliza recursos para su despacho cuando contrata a personas que hacen otras cosas.
Eventualmente, se estaría hablando de unos 10 años y eso, por la gravedad de los delitos, sería una pena efectiva. Eso debería acompañarse de una inhabilitación para el ejercicio o para el puesto de la función Pública.
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Normalmente, es temporal, pero va a depender de lo que el juez establezca en la sentencia. Se le podría sumar todas las denuncias y todos los delitos que han ido saliendo a la luz. Imagino que la Fiscalía de la Nación va a preparar un buen documento para presentar su denuncia constitucional a través del Congreso y ya con la aprobación del Pleno formalizar una investigación en su contra; ojo, no olvidemos que no se debe descartar que incluso se pueda pedir una prisión preventiva.