El fiscal Elmer Ríos, del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, sostuvo hoy que no estaba obligado a convocar a la Procuraduría General del Estado (PGE) para que participe del interrogatorio al premier Alberto Otárola por las muertes registradas en las violentas protestas de diciembre y enero.
La PGE interpuso ante el Poder Judicial una tutela de derechos para anular la declaración que el primer ministro rindió el pasado 16 de febrero debido a que no fue citada a ser parte de la diligencia.
Durante la audiencia virtual de esta mañana, Ríos indicó que no se han vulnerado los derechos del Estado ya que se atienden sus pedidos de información para que esté al corriente de las diligencias realizadas.
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“La no notificación a la parte agraviada no es una omisión que signifique indefensión más aun cuando esta no estaba habilitada para participar de la interrogatorio, como lo establece el Código Procesal Penal por tratarse de la declaración de un investigado”, expresó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley.
Ríos agregó que la PGE tendrá la oportunidad de formular sus preguntas en el juicio. “Bajo ningún contexto se puede considerar un atentado contra el derecho a la defensa de los demás sujetos procesales la no convocatoria”, refirió.
Lilia del Río, abogada de la Procuraduría, cuestionó esta postura y advirtió que el Ministerio Público ha sido selectivo en este proceso porque los convoca solo en determinados interrogatorios.
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“No estamos ante un error de la Fiscalía, es una decisión arbitraria, lo que se nota es que la participación o no de la Procuraduría es por un caso en concreto (...) nuestro derecho a participación no es sentarnos a escuchar el interrogatorio, sino que se nos dé la oportunidad de preguntar”, argumentó.
El juez Checkley informó que notificará su decisión en el plazo de ley.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió investigación preliminar contra la mandataria Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros para esclarecer cómo se dio el operativo policial y de las Fuerzas Armadas para reducir las movilizaciones en distintas regiones del país.