El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, será investigado por el Ministerio Público durante 60 días por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública y resistencia y desobediencia a la autoridad.
El fiscal Guillermo Vera dispuso realizar las diligencias preliminares para determinar si la autoridad regional promovió las revueltas en contra del proyecto Tía María. Requirió a la Policía emitir un informe sobre la participación del gobernador en la huelga antiminera, que ha dejado hasta el momento millonarias pérdidas y daños materiales.
Además, pidió a los ministerios de Ambiente, Agricultura y Energía y Minas que precisen las acciones emprendidas por la autoridad arequipeña luego de que se aprobara la licencia de construcción.
La denuncia fue presentada por el abogado Marcial Carpio, quien asegura que el gobernador fomentó las acciones violentas de la huelga.
“El gobernador ha azuzado a la población a levantarse en contra del Estado de derecho, ha incitado a la toma de carreteras y represiones públicas”, dijo a Perú21. Para Carpio, Cáceres debió acudir a la vía judicial y no afectar el libre tránsito, el comercio, a los escolares y a otros vecinos. Asimismo, considera que el caso de Cáceres es similar al ‘aimarazo’, por el cual sentenciaron a seis años de prisión al gobernador de Puno, Walter Aduviri.
“Cáceres sería el segundo caso. No es posible que las autoridades, en lugar de respetar la ley y el orden, hagan todo por violarla”, puntualizó.
Más denuncias
Hace 14 días, Southern Cooper también denunció a Cáceres por abuso de autoridad. La empresa señala que el gobernador anuló de manera ilegal el derecho de servidumbre sobre un terreno donde se construiría la mina.
La penalista Romy Chang explicó que el delito de abuso de autoridad está penado con tres años de cárcel. Por eso, si el fiscal no abre rápido una investigación, se corre el peligro de que prescriba el delito.
Sabía que
Hace 14 días, Southern Cooper también denunció a Cáceres por abuso de autoridad. La empresa señala que el gobernador anuló de manera ilegal el derecho de servidumbre sobre un terreno donde se construiría la mina.
La penalista Romy Chang explicó que el delito de abuso de autoridad está penado con tres años de cárcel. Por eso, si el fiscal no abre rápido una investigación, se corre el peligro de que prescriba el delito.