En la región Moquegua, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Ítalo Gutiérrez Ramos fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio, tras comprobarse que exigió un soborno utilizando el aplicativo Yape y una cuenta bancaria registrada a nombre de su madre.
Una mujer de 33 años dio a luz en el asiento trasero de un taxi dentro del estacionamiento del área de emergencias del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.
El caso, sustentado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, se ha convertido en un precedente relevante en la lucha contra la corrupción, evidenciando cómo los medios digitales, lejos de garantizar impunidad, pueden transformarse en herramientas determinantes para acreditar delitos.
De acuerdo con la fiscal adjunta provincial Kristel Cruz Idme, los hechos ocurrieron en octubre de 2022, cuando un ciudadano fue intervenido durante un operativo de control de identidad en las inmediaciones del Estadio 25 de Noviembre, en la provincia de Mariscal Nieto. El motivo de la intervención fue no portar su Documento Nacional de Identidad (DNI).
Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento establecido —que implicaba el traslado a una dependencia policial para la verificación de identidad— el suboficial optó por una vía ilegal. Según la acusación fiscal, el agente solicitó al ciudadano el pago de S/50 a cambio de no conducirlo a la comisaría.
La coima vía Yape
Lo que terminó de comprometer al efectivo policial fue la modalidad elegida para recibir el dinero. Lejos de solicitar efectivo, exigió el pago mediante Yape, pero no a una cuenta personal, sino a una registrada a nombre de su madre. Esta acción, que buscaba aparentemente diluir su responsabilidad, fue clave para que la Fiscalía reconstruyera los hechos y acreditara el delito.
“Con ello, el policía Ítalo Gutiérrez, en ejercicio de sus funciones, solicitó ese monto vía aplicativo Yape a nombre de su madre, configurándose así el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial”, explicó la fiscal Cruz Idme durante el proceso.
Las transacciones digitales, los registros bancarios y el testimonio del agraviado permitieron establecer con claridad la exigencia del soborno y la participación directa del agente.
El Segundo Juzgado Unipersonal de Mariscal Nieto halló culpable a Ítalo Gutiérrez Ramos y le impuso una condena de cinco años de pena privativa de la libertad, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas y el pago de una reparación civil a favor del Estado.
No obstante, el juzgado dispuso la conversión de la pena en 271 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, por lo que el sentenciado no será internado en un establecimiento penitenciario, siempre que cumpla estrictamente las condiciones impuestas.
“La sentencia dispone que el sentenciado se constituya ante el INPE para el cumplimiento de lo ordenado, bajo apercibimiento de revocar la conversión de la pena”, precisó la representante del Ministerio Público.
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