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Sendero Luminoso asesina y desplaza a más familias del Vraem

Los nombres de las víctimas citadas en este reportaje han sido cambiados para proteger sus identidades.

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Fecha Actualización
‘Manuel’ recuerda que los senderistas llegaron por la mañana a su pueblo, en Alto Mantaro-Junín, para averiguar quién era el soplón. Después de tener la información, secuestraron a su vecino, lo ataron de pies y manos, y lo azotaron repetidas veces con un palo mientras le gritaban: “¡Traidor!, ¡reaccionario!”. No lo soltaron hasta el anochecer. Sin embargo, el castigo no había terminado.
Al día siguiente los senderistas volvieron. Amarraron nuevamente al vecino de ‘Manuel’ y se lo llevaron al monte. Nadie volvió a verlo más. La víctima, según los lugareños, fue asesinada y enterrada en algún lugar del bosque, pero sus familiares hasta el momento no han podido encontrar el cuerpo.
Después de ese episodio, ‘Manuel’ y su familia escaparon del pueblo, sin importarle abandonar su casa y sus tierras ubicadas en el distrito de Vizcatán del Ene, en la provincia de Satipo, región Junín.
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Satipo es una de las ocho provincias declaradas en emergencia del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), debido a la actividad del narcotráfico y la constante amenaza de los remanentes terroristas de Sendero Luminoso, ahora autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP).
INICIO DE LA VIOLENCIA
Un grupo de comuneros de los centros poblados de Alto Mantaro, Valle Hermoso y Valle Manantial (Satipo) han tenido que escapar definitivamente de sus hogares y convertirse en desplazados. En agosto, cuatro de ellos llegaron hasta Lima para denunciar desapariciones a manos del MPCP, encabezados por los camaradas ‘Raúl’ y ‘Fernando’.
Según dijeron los desplazados en la Defensoría del Pueblo, a partir de 2010, los subversivos que solían transitar la zona tomaron una actitud más violenta y empezaron a pedirles una “colaboración voluntaria” para el partido.
Asimismo, designaron a “personas de servicio” o “informantes” en cada pueblo para identificar a los vecinos que no están de acuerdo con las acciones del partido, a quienes no concurran a las reuniones de adoctrinamiento y a quienes no cumplan con su cuota de donación de víveres y ropa.
CUPOS Y TIERRAS
Este año, los terroristas se metieron a la casa de ‘Hermilio’, comunero de Valle Hermoso, para reprocharle su falta de colaboración. “Quejoncito eres”, le dijeron y lo amenazaron para que se una a las filas del partido.
Hermilio tuvo que huir de su comunidad antes de que lo asesinen. Sus tierras fueron repartidas entre los amigos de los informantes, según contó.
Desde 2016, los subversivos cambiaron la colaboración voluntaria por un cupo del 50% de sus ingresos, que provienen mayoritariamente de la comercialización informal de madera. Y los que se atreven a negarse son despojados de sus propiedades, son torturados y hasta asesinados.
LEY DE DESPLAZADOS
Al igual que los comuneros de Vizcatán del Ene, vecinos del centro poblado Libertad, en el distrito de Santo Domingo de Acobamba (Junín), también huyeron de sus hogares por el acoso narcoterrorista. Así lo informó Perú21 en setiembre.
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El Ministerio de la Mujer (MIMP) es el encargado de brindar el apoyo a los desplazados. Sin embargo, el marco legal para su atención es antiguo y poco preciso. Por ello, en 2016 se creó una comisión multisectorial, encargada de elaborar la Estrategia para la Prevención, Protección y Atención Integral a los Desplazados Internos. Dicho grupo entregó su informe, pero hasta la fecha el MIMP no lo ha aprobado.
TENGA EN CUENTA
- Los nombres de las víctimas citadas en este reportaje han sido cambiados para proteger sus identidades. - Solicitamos una entrevista con el Ministerio de la Mujer para conocer por qué no han aprobado la propuesta de la Comisión Multisectorial y qué acciones tomaron en los desplazamientos de Junín. Hasta el cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta. - La Ley de Desplazamientos Internos está vigente desde el 29 de abril de 2004. El 22 de julio de 2016 se creó la Comisión Multisectorial para mejorar dicha ley. Su trabajo estuvo terminado en octubre de 2017.