El Colegiado Penal de Tarapoto, en San Martín, absolvió y ordenó la liberación inmediata de sacerdote español Santiago Martínez Valentín-Gamazo, quien cumplía prisión preventiva, acusado de presuntos tocamientos indebidos a cuatro menores en el seminario Juan Pablo II de Moyobamba.
El caso salió a la luz en junio del 2017, cuando los menores contaron a sus padres y a las autoridades del seminario que el cura les tocaba sus partes íntimas, cuando dormían o cuando le decían que se sentían enfermos.
Uno de los presuntos agraviados indicó que la agresión empezó en el 2014, cuando Santiago Martínez llegó al seminario para ser su tutor espiritual.
FISCALÍA APELARÁ
La semana pasada el Poder Judicial liberó al sacerdote de Toledo, España. El fallo se sustentó en el resultado de la pericia psicológica que determinó que uno de los menores tendría tendencia a mentir y, por lo tanto, conspiró con sus compañeros para acusar al clérigo.
La Fiscal Adjunta Provincial, Claudia Guzmán, quien asistió a la lectura del fallo, el pasado 30 de enero, señaló que no habría considerado como elemento determinante los testimonios obtenidos a través de la cámara Gesell. El Ministerio Público anunció que apelará.
"TIENEN BUENAS NOTAS"
Para César Arévalo López, abogado del cura, “la cámara Gesell es solo un espacio para que los menores puedan conversar en confianza y nada más”.
Sobre la pericia sicológica, que se hizo varios meses después de efectuada la denuncia, dijo que los menores tienen solo dos o tres de los síntomas que presenta una víctima de abuso, pues “tienen su vida hecha, no tienen depresión, sacan buenas notas”, declaró a GTv Noticias, de San Martín.
Arévalo respaldó la teoría de que hubo una conspiración, pero no pudo responder cuando le preguntaron ¿por qué actuarían contra el sacerdote?lo señalan.
TENGA EN CUENTA
- A raíz de la denuncia, en marzo del 2017, el sacerdote fue apartado del seminario y enviado a un espacio en la catedral de Moyobamba. 

-En principio le dictaron comparecencia restringida, pero en agosto del 2017 la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba ordenó siete meses de prisión preventiva.

 -En octubre del 2018 se pidió ampliar la medida por cuatro meses, la cual se cumplía este mes, pero el sacerdote fue liberado el 30 de enero por orden judicial.