Proyectos de infraestructura en el Perú: Implementando más APPs y OxI es posible reducir la brecha

Alfonso Garcés, Socio en Guzmán Napurí & Segura Abogados, precisa que “teniendo brechas tan grandes de infraestructura en esos sectores, se requiere liderazgo y capacidad de gestión de los titulares de la entidades para pasar del discurso a la acción, para construir más colegios, más postas médicas y hospitales, más redes de agua para las personas más vulnerables, pero nos damos el lujo de devolver miles de millones”.

En cuanto a inversión público privada, en los últimos cinco años se han adjudicado solo tres proyectos de infraestructura, y estos fueron presentados entre el 2013 y 2015; dos portuarios y uno de saneamiento. Actualmente, existen casi 30 proyectos de infraestructura, tanto de educación, salud, saneamiento, vial, ferroviario como puertos, que aún no son adjudicados, y que han sido presentados antes de julio de 2016, es decir, desde agosto de 2016 no existen proyectos de infraestructura nuevos.

“Por un lado, los proyectos de APPs requieren un periodo no corto de maduración -entre 2 y 4 años según la complejidad del proyecto- que implica la realización de estudios con suficiente nivel de detalle que minimice los riesgos de adendas tempranas durante la fase de ejecución y, por otro lado, no puede demorar tanto como para que pasen más de ocho años sin culminar la fase de estructuración. Definitivamente aquello confirma la existencia de un problema grave, fundamentalmente de gestión”, precisó Garcés.

Para mejorar el nivel de ejecución de infraestructura, ya sea por obra pública o a través algún otro mecanismo de colaboración público privada como las APPs o las OxI, Alfonso Garcés menciona cinco medidas -a nivel más micro- que se pueden implementar:

Si se quiere reactivar la economía y mejorar la calidad de los servicios públicos, se deben incorporar proyectos de infraestructura social empaquetados como hospitales, postas médicas y colegios en el PNIC (Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad), así como transparentar su ejecución. A la fecha, se tiene que esperar que el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) decida hacer una evaluación y conocer el nivel de alcance de dichos proyectos, impidiendo que la sociedad civil y academia realicen un adecuado control ciudadano de dichos proyectos.

Las APPs presentan riesgos, como cualquier otro mecanismo de ejecución de infraestructura, pero la diferencia es que estos aseguran dos grandes aspectos, que el Estado pueda liberar recursos para proyectos más pequeños e igualmente necesarios y asegurar la calidad de la infraestructura, y por ende, del servicio público en el tiempo del contrato. La infraestructura administrada y mantenida por el Estado tiene serios problemas de calidad, a diferencia de la infraestructura que se encuentra concesionada.

La gestión que Proinversión viene mostrando en el desarrollo de las APPs, es compensado con la gestión en materia de OxI, las cuales vienen creciendo año a año, tanto en número de proyectos como en montos de inversión. “Debe ampliarse la capacidad operativa de Proinversión en materia de OxI e identificar las mejoras que permitan replicarse en las áreas que se encargan de las APPs, para seguir articulando la gestión de dichos proyectos que mejoren la infraestructura y servicios públicos”, indicó el especialista.

El alto nivel de rotación de los ministros genera indefectiblemente el cambio en los principales puestos de la entidad, y en la actual coyuntura, la meritocracia no ha sido precisamente una característica de este gobierno. Al respecto, Garcés señala que: “Es indispensable que se potencien los equipos en Proinversión y de las entidades vinculadas a la inversión, para generar una nueva inversión, acelerar la formulación y estructuración de los proyectos que se encuentran aletargados en la cartera de proyectos de Proinversión. Solo con un cambio de chip en la mentalidad de los funcionarios públicos, de metas sobre horarios, es que podremos sacar adelante los proyectos”.

Cuando hay un cambio en la cabeza de una entidad puede generar que los errores del pasado indefectiblemente se repliquen en las nuevas y sucesivas gestiones. Alfonso Garcés indica que eso se debe a que “No existe un registro de de lecciones aprendidas que permitan generar memoria institucional, de lo positivo y negativo, obligando a depender demasiado de las personas, restándole espacio al fortalecimiento institucional y condenando a todos los contribuyentes a financiar el alto costo del aprendizaje”.