El aumento de denuncias por corrupción que recae sobre altos funcionarios, entre ellos el presidente Pedro Castillo, suscitó la apertura de distintas investigaciones por parte del Ministerio Público. En esta coyuntura, la Procuraduría General del Estado deberá jugar un rol activo a favor de la defensa jurídica del Estado.
De acuerdo al abogado penalista Alex Guerrero, del Estudio Fuentes, “mientras el fiscal persigue el delito, el procurador vela por la parte económica; en manos de esta entidad está la reparación civil”. En esa línea, el procurador tiene, además, la capacidad de aportar evidencias y pruebas a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público.
En el pasado la procuraduría ha recuperado millones de dólares y soles para las arcas del Estado. Su rol es fundamental en toda investigación y en todo proceso. Si el fiscal tiene éxito en probar el delito y una persona es condenada por cualquier acto de corrupción, el procurador podrá solicitar el pago de la recuperación civil, a través de múltiples mecanismos como el embargo de propiedades.
En la actualidad, no obstante, esta entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encuentra encabezada por la procuradora María Caruajulca, quien ha sido cuestionada por un silencio cómplice durante los interrogatorios fiscales a Pedro Castillo.
“La actual procuradora Caruajulca no ha tenido una actitud proactiva como defensora de los intereses del Estado en las investigaciones concernientes al jefe de Estado. Llama la atención que esté adormecida la actividad por parte de la Procuraduría General de Estado, que es la que tiene en sus manos la investigación del actual presidente”, remarcó Guerrero.
Cabe recordar que su antecesor en la Procuraduría General del Estado, Daniel Soria, fue retirado del cargo en enero pasado tras decidir investigar al mandatario por las reuniones clandestinas en Breña.