¿Dónde están? Nadie lo sabe. Se trata de 70 armas de fuego de uso civil, de siete empresas de seguridad de diversas regiones del país, cuya ubicación se desconoce. La Contraloría General de la República responsabiliza por este hecho a la Sucamec, debido a que “no realizó la debida supervisión y control” a estas compañías, pese a que sus “autorizaciones de funcionamiento fueron canceladas en 2021 y 2022″. Esta situación “pone en peligro el orden interno y la seguridad ciudadana en el país”.
Entre el 2 de enero de 2021 y el 30 de diciembre de 2022, el órgano de control realizó el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 004-2023-2-6005-AC, la misma que verificó la situación de empresas ubicadas en Loreto (1), Cusco (1), Junín (1), Piura (2), San Martín (1) y Cajamarca (1).
El resultado fue que estas incumplieron con reportar a la Sucamec las municiones adquiridas y utilizadas mensualmente durante la ejecución de sus actividades. Tampoco reportaron si tenían municiones por entregar al cese de sus labores.
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“La Gerencia de Control y Fiscalización (GCF) y la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos (Gamac) de la Sucamec no adoptaron las acciones y/o medidas de control para el internamiento y/o incautación de las armas de las referidas empresas dentro del plazo establecido por la norma, ni aplicaron las sanciones administrativas correspondientes, lo que facilitó que las 70 armas de fuego se mantengan en poder de dichas empresas de seguridad”, señala el documento.
Tenga en cuenta
La Contraloría informó que hasta el 28 de junio de este año esas armas no habían sido ubicadas.
Dicha institución halló responsabilidad del hecho en seis exgerentes de la Sucamec, entidad que depende del Ministerio del Interior (Mininter).
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