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Ministra Patricia Donayre supervisa atención a las comunidades indígenas por el COVID-19 en Loreto
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Durante la actual pandemia por el coronavirus las poblaciones vulnerables constituidas por adultos mayores, niños, así como las comunidades indígenas, entre otros, necesitan de mayor protección. Por ello, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Patricia Donayre, visitó la región Loreto para supervisar la atención que brindan los programas sociales adscritos a su sector.
Esta visita a las comunidades indígenas, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, así como a la primera infancia, se dio en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Ese ese sentido, Donayre indicó que el Midis trabaja para incluir a las personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, mediante las acciones de los programas sociales para que sientan al Estado presente en su localidad.
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La titular del Midis acudió a la comunidad nativa de Nueva Libertad, de la etnia kichwa, en el distrito de Napo, provincia de Maynas observando cómo las brigadas multisectoriales del PIAS Río Napo atendieron a 689 pobladores y también a la población de Tutapishco, Nueva Florida, Nuevo San Román, Copalillo y Nuevo San Juan.
“Con las PIAS se dan atenciones médicas COVID-19 y no COVID-19, y se pagan bonos así como subvenciones de programas sociales”, explicó Donayre.
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Luego se trasladó al distrito de Belén (Iquitos) donde visitó a personas usuarias de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa (Amachay) como parte de las acciones para prevenir contagios por el COVID-19.
En ese mismo distrito visitó a la I.E. N° 600025, Miguel Grau, junto al alcalde distrital, Gerson Lecca, donde se dio inicio al proceso de afiliación telefónica a la Intervención Temporal para el Fortalecimiento del Desarrollo Infantil, que brinda Juntos y por la cual el programa abonará S/ 200 cada dos meses y durante un año a hogares con niños de hasta 24 meses a cambio de que los padres lleven a los menores a los centros de salud para la atención que necesiten.
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