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Líder Asháninka denuncia amenazas de muerte de narcotraficantes en la ONU
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Durante la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizada en la ciudad de Nueva York, el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio, denunció que viene recibiendo amenazas de muerte por parte de narcotraficantes.
Durante su presentación frente a presidentes y representantes de los gobiernos que participan en el mencionado evento, el líder Asháninka reveló la realidad que viven los suyos en la región.
“Apostamos por cultivos alternativos para eliminar los sembríos ilegales de hoja de coca. No queremos que siga avanzando sin respetar nuestro territorio”, señaló el líder indígena luego de recibir el Premio Ecuatorial 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Por eso hemos firmado un convenio con Devida para fortalecer nuestro trabajo con cultivos alternativos. Por eso me están amenazando”, agregó.
Pedro Valerio denunció la invasión de cocaleros en los territorios de las comunidades del río Ene, ubicado en el norte del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) y pidió garantías para su vida y la de sus compañeros en diferentes comunidades nativas que enfrentan al narcotráfico.
“Los pueblos indígenas queremos erradicar los cultivos ilegales, pero el Estado debe velar por nosotros”, finalizó.
COMUNIDADES EN PELIGRO
Un ejemplo de lo que denuncia por Ángel Pedro Valerio es lo sucedido en la comunidad nativa Catungo Quempiri, lugar que los asháninkas están decididos a defender frente a la contaminación de sus ríos y el talado de árboles por gente dedicada al tráfico ilícito de drogas. Ello le ha valido amenazas de muerte al jefe de la mencionada comunidad, Wilfredo Vegas.
El discurso de Ángel Pedro Valerio hace referencia también al pronunciamiento que la CARE, en conjunto con la Central Asháninka de Río Tambo (CART), elevaron en febrero pasado en “rechazo al narcotráfico”.
En el documento, dichas organizaciones de comunidades nativas expresaron su “preocupación por el daño social, económico y ambiental que genera el narcotráfico en sus territorios”, además de exhortar al Estado a que “priorice la inversión pública” para el mejoramiento de los servicios básicos y proyectos productivos en sus zonas.
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