Las autoridades detuvieron a Juan Antonio Enríquez García, aunque este se negó a acceder a una defensa. Foto: César Bueno @photo.gec
Las autoridades detuvieron a Juan Antonio Enríquez García, aunque este se negó a acceder a una defensa. Foto: César Bueno @photo.gec

En medio de la ira e indignación por el caso de la niña de tres años secuestrada y ultrajada en Chiclayo, y delito por el cual ha puesto en la palestra -una vez más- el debate de la pena de muerte ante estos hechos.

Para conocer la opinión de una voz autorizada, Perú21 TV conversó con Liz Meléndez, directora de la ONG Flora Tristán, quien destacó la indignación y apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, compartió su punto de vista sobre las sanciones que deben recibir los criminales involucrados en delitos de abuso sexual.

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“Creo que todos compartimos la rabia e indignación, hay cosas que vemos desde este sentimiento de indignación que es profundo y comprensible; sin embargo, en nuestro país la pena máxima es la cadena perpetua y en los casos de violencia sexual no aplica ningún tipo de beneficio y el agresor tiene que ser sancionado”, indicó Meléndez.

A su vez, resaltó que en el debate sobre si es suficiente castigo o no la condena de cadena perpetua, dijo: “yo creo que nada es suficiente. (Ante un) daño tan irreparable como el generado, es un daño genera gran indignación, pero por encima de la indignación quienes hacer las normas tienen que ver qué hacer frente a estos problemas”.

Asimismo, la representante de Flora Tristán indicó que “frente a estas tragedias, primero hay que evitar que se repitan, hay que garantizar un estado que sancione al agresor, hay que garantizar una atención integral a la víctima, pero también hay que prevenir estos hechos”.

El Estado debe hacerse cargo de la recuperación

Meléndez también agradeció el apoyo y muestras de solidaridad de la sociedad civil para condenar y ayudar económicamente a la menor de edad agredida, quien deberá ser sometida a diversas cirugías reconstructivas. Pero argumentó que es el Estado el responsable de brindar todos los servicios para proteger a la víctima y su familia.

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“Tenemos que exigir que el Estado tiene que responder y hacerse cargo de forma integral de toda la atención a esta niña y dar contención a la familia. Ayer circuló un número de cuenta probablemente de ayuda económica, lo que tenemos que garantizar y exigir es la atención integral, no solamente ahora sino durante el tiempo que sea necesario; así como el acompañamiento”, expresó.

La prevención es la clave para prevenir casos de agresión sexual

“(Lo que tenemos que hacer para que no se repita) es trabajar mucho en la prevención, la pena de muerte es una medida que la gente la repite como parte de la indignación y se comprende porque uno está frente a alguien que ha cometido un hecho profundamente atroz; sin embargo, la pena de muerte no soluciona el problema”, adujo la experta.

Además, dejó en claro que la pena de muerte no es una medida que se contemple en nuestra legislación “y así hubiera un cambio, no se aplica de forma retroactiva, ese cambio futuro no necesariamente va a garantizar que estos hechos no sucedan”.

Para Meléndez el debate debe centrarse “en garantizar la prevención de la violencia, el cuidado de las niñas y niños mediante la prevención de hechos de violencia, hay que garantizar que agresores comprometidos en hechos menores sean sancionados”.

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